La vivienda ha sido uno de los asuntos clave de 2024, tanto en el discurso político como en las demandas de la sociedad, ante la creciente dificultad de acceso, especialmente para los jóvenes, y el acuciante desequilibrio entre la oferta y la demanda, que sigue presionando al alza a los precios.

Con la recuperación del Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo quiso evidenciar que este ámbito constituye una de sus prioridades, con la vista puesta en garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y que los ciudadanos no tengan que destinar para ello más del 30 % de sus ingresos.

Pese a que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, el Gobierno reitera que agotará todo su margen de actuación para asegurar el acceso de los ciudadanos a una vivienda, una demanda a la que han puesto cara las miles de personas que han salido a protestar en las calles este año, especialmente en Madrid y Barcelona.

Fomentar la vivienda de alquiler asequible es el foco central de las políticas del Gobierno, que ha cerrado el ejercicio con el anuncio de una inminente gran empresa pública de vivienda, que pasa por una reconversión de la actual Sepes y la incorporación de Sareb.

Pero las políticas a lo largo de este año también han ido orientadas a la creación de un registro electrónico que regulará los alquileres de temporada, turísticos y de habitación que ponga freno a la oferta ilegal y a los fraudes en su uso.

También se han sacado adelante avales a la compra de vivienda, para promotores, una nueva edición del bono de alquiler joven, al tiempo que se han desbloqueado grandes desarrollos como la Operación Campamento, mientras se sigue pidiendo a las comunidades autónomas que declaren zonas tensionadas para controlar los precios de los alquileres.

Queda pendiente conocer cómo va a ser el nuevo índice, de la mano del Instituto Nacional de Estadística (INE), con el que se van a actualizar a partir de ahora los alquileres.

La despolarización de la vivienda y el clamor a lograr un gran pacto de Estado a largo plazo que se centre en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones ha sido una constante de la población en general, del sector inmobiliario, los agentes sociales y parte de la clase política.

Sin embargo, las diferencias actuales dejan patente la dificultad para llegar a acuerdos, también en el ámbito de la vivienda, donde todos los expertos coinciden en que existe un preocupante problema de oferta para atender el aumento de la demanda -muy unida a la llegada de inmigrantes a España- y que está dando como resultado un encarecimiento de los precios, tanto de compra como de alquiler.

El sector también advierte de que la Ley de Vivienda ha provocado una reducción de la oferta de alquiler, que no ha hecho sino encarecer los precios.

Duplicar el ritmo actual de producción es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el país y, para ello, el sector inmobiliario insiste en que es crucial la seguridad jurídica para atraer capital extranjero sin el que resulta imposible abordar la construcción de viviendas que necesita el país.

También demanda de forma insistente un acuerdo para sacar adelante la ansiada reforma de la Ley del Suelo; más disponibilidad de terrenos; agilidad en la concesión de licencias; menos burocracia; más financiación; y que se adopten con urgencia medidas para hacer frente a la preocupante falta de mano de obra que atraviesa el sector.

El 2024 ha estado marcado por la evolución de los tipos de interés en un entorno que inicialmente se vio impactado por el encarecimiento del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo (BCE) para moderar la inflación y, posteriormente, desde junio, por el principio del fin del ciclo de austeridad monetaria y las bajadas de tipos.

Las subida de los tipos de interés, y el consecuente encarecimiento de la financiación, contrajeron la compraventa de viviendas y la concesión de hipotecas, que se han acelerado desde mediados de año al calor de las bajadas acordadas por el BCE.

El sector cree que 2024 será el segundo mejor año desde 2007 en términos de compraventas, que podrían superar las 620.000 a cierre del ejercicio.

La desescalada de los tipos de interés ha marcado también el inicio de un nuevo ciclo hipotecario, que podría convertir a 2024 en uno de los mejores años desde 2010.

Donde no se prevé una tregua es en el precio de la vivienda, que en algunas zonas, como las islas, ya está por encima de los máximos que se registraban durante el 'boom' previo al estallido de la burbuja. La falta de oferta está detrás de esta tendencia alcista, que continuará en 2025.

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