Las pensiones contributivas subirán en 2025 un 2,8 % con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que el IPC interanual de noviembre se situó en el 2,4 %, con lo que es posible determinar cuánto se revalorizarán las pensiones contributivas en 2025 haciendo la media de los doce meses anteriores, en este caso diciembre 2022-noviembre de 2023.

El cálculo obtenido es del 2,8 %, con lo que las pensiones contributivas y las de clases pasivas del Estado subirán el próximo año dicho porcentaje. En 2024, las pensiones contributivas se revalorizaron un 3,8% porque la inflación media fue mayor, mientras que en 2023 lo hicieron en un 8,5%.

Esta revalorización del 2,8% supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales en 2025.

Este incremento beneficiará a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán un 2,8%, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con la subida del 2,8%, un pensionista que perciba una pensión de 1.441 al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 564,87 euros o de 40,3 euros por mes en catorce pagas.

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En virtud de la reforma de pensiones que llevó a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas y del complemento de la brecha de género en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050.

Esto supone que, para 2025, la base máxima de cotización subirá en torno un 4% (el 2,8% del IPC promedio más un 1,2% adicional), lo que la situaría en 4.909 euros mensuales.

Al tiempo que aumenta la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2025 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 2,8% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2025 en 3.267,5 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.075,04 euros de este año.

En virtud de la reforma de pensiones, el destope de la pensión máxima inicial comenzará a aplicarse en 2025 y consistirá en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.

Asimismo, la reforma de pensiones determina que el complemento de la brecha de género (33,2 euros en el ejercicio actual) subirá un 10% adicional al IPC en el bienio 2024-2025, que se distribuirá entre ambos ejercicios al 5%.

De este modo, para 2025, el complemento de la brecha de género subirá en torno un 7,8% (el IPC promedio más un 5% adicional), lo que le situará en 35,6 euros.

Para mejorar la equidad y suficiencia de las pensiones, la reforma que aprobó el Gobierno con Escrivá como ministro contempla mejoras en las pensiones no contributivas para igualarse al umbral mínimo de pobreza. Este año, la subida que experimentaron fue del 6,9%, por encima del alza del 3,8% de las pensiones contributivas, y en 2025 subirán más que el IPC promedio del 2,8%.

Así, en virtud de dicha reforma, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementará en 2025 de igual manera al estar su cuantía referenciada a la de las pensiones no contributivas.

Asimismo, la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, una vez revalorizada en función del IPC, subirá adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 1,5 del umbral de riesgo de pobreza.

El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales (1.178,5 euros al mes por catorce pagas).

La cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares, las de pensiones contributivas con cónyuge a cargo, excepto la de incapacidad permanente total de menores de 60 años, serán iguales a la cuantía de la pensión mínima de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo.

El resto de las cuantías mínimas de las pensiones contributivas, una vez revalorizadas, se incrementarán adicionalmente en un porcentaje equivalente al 50% de los porcentajes resultantes del incremento adicional de la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo referenciado al umbral de riesgo de pobreza indicado.

Las pensiones no contributivas, por su parte, crecerán también por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

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