El 82,3 % de la ciudadanía considera que el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada no está garantizado en España: sólo un 15,7 % estima que sí lo está para toda las personas, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS ha publicado este lunes el estudio 'Actitudes hacia el Estado de bienestar (II)', en el que se subraya que menos del 30 % cree que esté garantizado el derecho a vivir en un medioambiente adecuado (29 %), mientras que el 64 % opina que todas las personas pueden acceder a una educación pública de calidad y el 61,5 %, que toda la ciudadanía puede acceder a la protección de su salud.

El pesimismo sobre la situación de la vivienda se evidencia también en el dato de que un 58,5 % estima que va a empeorar el acceso a una primera residencia. Un 56 % también prevé que empeore el sistema público de pensiones y un 42,4 %, la asistencia sanitaria.

A la hora de valorar los servicios públicos, el 63,8 % califica de muy o bastante satisfactorio el funcionamiento de la enseñanza; el 60,9 %, el transporte público; y el 55,3 %, la sanidad.

Sin embargo, un 69,3 % tacha los servicios de justicia de poco o nada satisfactorios; el 63,9 % opina lo mismo de la ayuda prestada a las personas dependientes y un 49,5 %, del funcionamiento de los servicios sociales.

Las farmacias son los servicios que mejor nota obtienen de la ciudadanía (un 8,24 sobre 10), seguidas de internet (7,74), las tiendas de alimentación (7,62), las tiendas de ropa (7,19), el colegio de enseñanza básica (7,07), el instituto de enseñanza secundaria (6,85), la oficina postal (6,73), el transporte público (6,57) y el centro de salud (6,5).

Peor puntuación alcanzan las oficinas bancarias (5,33), los centros para personas dependientes (5,89) y los ayuntamientos (5,92).

Una gran mayoría de la ciudadanía española opina que las administraciones públicas deberían gastar más o mucho más en sanidad (un 92,7%); en educación (un 89%) y en pensiones (un 72,5%). Casi el 25 % cree que se debería gastar menos o mucho menos en defensa.

Un alto porcentaje de la muestra, el 71,3 %, está convencido de que en España, a la hora de aplicar las leyes, se hacen diferencias en función de quién se trate. Además, un 51,5 % cree que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a los servicios públicos.

Al preguntar por los motivos que explican ese acceso diferencial a los servicios públicos, las principales razones que se alegan son los ingresos económicos (13,1 %), la comunidad autónoma de residencia (7,2 %), el pueblo o barrio en que se vive (6 %), la nacionalidad (5,2 %), la etnia o raza (5 %), el nivel de estudios (3,7 %), la ideología política (2,4 %) o tener alguna discapacidad (1,8 %).

Casi siete de cada diez personas niegan que en España paguen más impuestos quienes más tienen y un 58,8 % cree que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que paga en impuestos y cotizaciones, dados los servicios públicos y prestaciones existentes, frente a un 38,7 % que habla de mucho o bastante.

Al hacer la pregunta sobre lo que el encuestado y su familia reciben directamente de las administraciones públicas, el 62,1 % asegura que es menos de lo que paga, un 8 % cree que es más y un 25,7 % más o menos lo que aporta.

Este estudio del CIS se ha elaborado a partir de una muestra de 4.000 entrevistas realizadas entre el 20 y el 28 de noviembre. 

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.