Crisis de la vivienda en España: el alquiler se lleva más del 35% de los ingresos en 10 provincias y obliga a compartir vivienda

La crisis de la vivienda en España continúa acentuándose y cada vez es mayor el esfuerzo que debe hacer la ciudadanía para poder encontrar un techo bajo el que vivir. Con el problema extendiéndose, los últimos estudios y las últimas estadísticas apuntan a las enormes dificultades tanto en la compra como en el alquiler, algo que para muchos se ha convertido en misión imposible, o casi.

Según un estudio reciente elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con el portal inmobiliario Fotocasa, los inquilinos de 10 provincias tienen que destinar más del 35% de sus ingresos al pago del alquiler y muchos se ven forzados a compartir vivienda con otras personas para afrontar este gasto ante la subida de los precios.

Así, sostienen que, de media, los hogares españoles en alquiler están compuestos por 2,1 convivientes que pagan la renta (excluyendo menores de edad y estudiantes que no tienen capacidad para pagar un alquiler).

El alquiler se lleva los ingresos de gran parte del sueldo

Siempre de acuerdo con los datos recabados por este estudio, sus datos defienden que en 10 provincias los inquilinos destinan más del 35% de sus ingresos al pago de la renta. Están encabezadas por Guipúzcoa (39,4 %) y Baleares (39,3 %) y seguidas por Barcelona (38,3 %), Vizcaya (38,3 %) y Las Palmas (38,2 %), según Sergio Cardona, analista.

Por su parte, en Málaga el esfuerzo es del 37,5 %; en Santa Cruz de Tenerife del 36,7 %; en Valencia del 36 %; en Madrid del 35,8 % y en Álava del 35 %, según ha explicado Cardona.

Estos porcentajes contrastan directamente con las recomendaciones del Banco de España, que cree que este esfuerzo no debe superar el 35% de los ingresos.

Baleares registra un precio medio del alquiler de 1.602 euros mensuales, Barcelona, de 1.598 o Madrid, de 1.421 euros.

En cambio, en el 80% de las provincias los inquilinos destinan menos del 35% de sus ingresos al alquiler, estando por debajo del 25 % Ciudad Real, Burgos, Teruel o León.

Donde más ha subido el esfuerzo en los últimos seis meses es en Las Palmas (3,1 %); Jaén (2,9 %); Sevilla (2,7 %) o Zaragoza (2,6 %).

A pesar del tope de los alquileres, el Observatorio subraya que el esfuerzo en Barcelona ha crecido y está por encima del de Madrid, ya que se ha reducido mucho la oferta ante esta intervención del mercado, presionando al alza los precios e imposibilitando a muchas personas pagar su renta de alquiler con un solo sueldo.

El mayor número de convivientes por vivienda, en Baleares y Barcelona

Atendiendo a estos datos, Baleares y Barcelona son las que registran el mayor número de convivientes por vivienda que pagan el alquiler (2,5 arrendatarios), seguidas de Madrid, con 2,4, aunque hay viviendas en las que hay 4,5 o 6 personas pagando la renta.

De media, los hogares españoles en alquiler están compuestos por 2,1 convivientes y se ve favorecido por el incremento drástico que experimenta del precio del alquiler, explica la analista Ana María Moreno.

Con más de dos inquilinos se sitúa también Guipúzcoa (2,3) y Alicante, Málaga, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Vizcaya, con 2,1, todas ellas.

El elevado precio del alquiler obliga a convivir para repartir los gastos

A nivel general, la tasa de esfuerzo del alquiler es del 34,2%, cinco décimas menos que un año antes, aunque el Observatorio explica que no es porque haya bajado el precio sino porque hay más inquilinos compartiendo el pago de la misma renta.

En estas circunstancias, como cabe imaginar dados los precios, el estudio apunta que también se ha incrementado el alquiler de habitaciones como alternativa a las restricciones de la ley de vivienda y, en este caso, el esfuerzo se reduce al 22,3%.

Tras las recientes manifestaciones pidiendo una bajada de los precios y haciendo un llamamiento a una huelga del alquiler, demandan más oferta y más vivienda social y recuerdan que un impago extendido, del 40 %, puede suponer una pérdida anual de 18.580 millones de euros al año, lastrar casi un 1,7 % del PIB y destruir más de 1,1 millones de empleos, según los datos que manejan.

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