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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a varias empresas de gestión del alquiler de viviendas que habrían obligado a pagar a los inquilinos una comisión por la gestión del arrendamiento o a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada. Una acusación que estas empresas niegan y aseguran que el Gobierno quiere hacerlas "desaparecer".
Serían, según ha podido constatar Consumo, varias empresas que operan en todo el Estado, habrían cometido prácticas abusivas contra consumidores en la gestión del alquiler. Algunas, como las citadas, pero también otras cláusulas abusivas que incluían para los inquilinos.
La Dirección General de Consumo ha abierto esta investigación formalmente tras tener conocimiento de estas prácticas a través de diversas denuncias presentadas por asociaciones de consumidores.
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy quiere dejar claro que "trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una práctica prohibida" expresamente por la ley por el derecho a la vivienda del pasado año, al igual que la firma de contratos temporales en los que la temporalidad no esté justificada.
Recuerda también a las empresas que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley de arrendamientos urbanos, una normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos.
Además estas prácticas podrían suponer un abuso según la ley de defensa de los consumidores.
Por una parte, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas, y el uso de prácticas comerciales desleales con consumidores o usuarios podrían calificarse como graves y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros.
Y se podría sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Por otra, la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, una tercera infracción, podría considerarse muy grave y ser sancionada con multas hasta un millón de euros, y se podría también sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Estas prácticas se enmarcarían dentro de otras que son contrarias a las normas vigentes, como exigir a inquilinos e inquilinas el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.
Por su parte, estas empresas han recibido con indignación el anuncio de que el Ministerio de Consumo las está investigando y temen que esa investigación forme parte de una "operación" de Sumar desde el Gobierno para hacerlas "desaparecer", aseguran a EFE fuentes del sector.
Alquiler Seguro, Agencia Negociadora del Alquiler y Renta Garantizada son algunas de las principales compañías que operan en este mercado y a las que, según las fuentes, Consumo está "decidido a sancionar porque quieren que los profesionales del alquiler desaparezcan y se dediquen solo a la compraventa".
Para estas franquicias, el punto de conflicto es la "interpretación diferente" que tienen con Sumar y los sindicatos de inquilinos del artículo de la ley de vivienda que establece que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".
Dichas empresas, que realizan una "gestión integral" del alquiler, siguen cobrando a los inquilinos los servicios que les prestan en muchos casos "durante 24 horas los siete días de la semana", relacionados con aplicaciones tecnológicas, contadores y suministros, entre otros.
Desde el sector asumen que "van a multar a un montón" de estas franquicias por una "cuestión de interpretación de la ley de vivienda", que a su juicio, "está redactada para acabar con el negocio de los profesionales y que desaparezcan las empresas inmobiliarias y los agentes de la propiedad inmobiliaria y se dediquen solo a la compraventa".
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