El Gobierno da un paso más contra los pisos turísticos ilegales: no podrán anunciarse en plataformas

El Gobierno ha tomado nota después de las masivas protestas por el derecho a la vivienda. Los propietarios de pisos turísticos no podrán anunciarlos en plataformas si no están registrados. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha informado del sistema de registro para alquileres de corta duración, así como de la aprobación de  200 millones de euros para una nueva entrega del Bono Alquiler Joven.

El Gobierno, que no quiere que se le atragante el problema de la vivienda, ha aprobado en el Consejo de Ministro la Ventanilla Única Digital que regulará los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, para que esté operativo antes de que finalice el año; este trámite contempla un registro previo de la vivienda en alquiler, paso indispensable para su comercialización.

El ejecutivo además, ha aprobado la distribución territorial de los 200 millones de euros para la tercera edición del Bono Alquiler Joven, una medida que ha criticado el grupo de Sumar, aliado del Gobierno. El paquete al que ha dado luz verde el primer Consejo de Ministros llega después de las manifestaciones de este domingo pidiendo una bajada de los precios del alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado en la rueda de prensa posterior que vendrán más medidas ya que el Gobierno no va a parar hasta dar solución al problema que tienen miles de personas en el país, un problema transversal para el que se van a poner todos los recursos, la disposición y la determinación para paliarlo.

La ventanilla única digital de arrendamientos el Ejecutivo busca regular la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración e impedir que se comercialicen los alquileres turísticos que no cumplan con la normativa.

Esta ventanilla, que se va a conectar con la ventanilla única europea, va a permitir perseguir el fraude de los alquileres turísticos, temporales y de habitaciones.

"Nadie discute que hay que poner orden al alquiler turístico", ha señalado la ministra, partidaria de prohibirlos y que tacha de valiente al alcalde de Barcelona por actuar en este sentido.

Este reglamento, que se va a publicar esta mañana en audiencia pública, y que quedó pendiente de su desarrollo en la Ley de Vivienda, ha recibido más de 100 aportaciones desde que se anunció su puesta en marcha y estará listo antes de que finalice 2024, lo que convertirá a España en el primer país europeo en desarrollarla.

Así, se va a contar con el apoyo del Registro de la Propiedad para dotarlo de seguridad jurídica y ofrecer un número, una matrícula, con una duración de 12 meses, para certificar que los alquileres cumplen con las normativas, las ordenanzas municipales y las licencias, al tiempo que se sabrá también las comunidades de vecinos que han prohibido los alquileres turísticos.

De esta forma, se busca incrementar la información disponible con un registro sin el cual no se van a poder comercializar estos alquileres en las plataformas.

Si hay dudas se dará un plazo de 15 días a estos alquileres para subsanar la información requerida y de no ser así se suspenderá su registro y no se podrán comercializar.

Todas aquellas viviendas turísticas que no tengan este número verificado por los registradores, no van poder operar y dejarán de estar en el mercado y todo contrato de alquiler de temporada que no tenga una causalidad justificada, será un fraude y no podrá ofrecerse en las plataformas en internet.

La ministra ha abogado por que haya datos públicos al servicio del interés general y que no vengan de sectores privados interesados en fines particulares por falta de información.

El Gobierno quiere proteger a los ciudadanos que necesitan este tipo de alojamientos de corta duración, poner coto a los turísticos ilegales y priorizar el alquiler de una vivienda habitual.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de 200 millones para la tercera edición del Bono Alquiler Joven, de forma que ya son 600 millones los repartidos en este concepto, y ha subrayado que hay cuestiones que las comunidades autónomas deben mejorar como que los pagos sean más inmediatos, que se atiendan los pendientes, se reduzca el plazo de pago y no se creen discriminaciones entre jóvenes por la gestión autonómica. Todo ello se llevará a una próxima conferencia sectorial.

El Bono Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros al mes para los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a tres veces el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que vivan en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales (ampliable a 900 en algunos supuestos) o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450.

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