El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este lunes su Ejecutivo ha puesto en marcha el reparto de 200 millones de euros para ayudas de alquiler para jóvenes.

Lo ha dicho en una conferencia en el marco de la jornada 'World in Progress' de Prisa, en la que también ha asegurado que el Gobierno pondrá en marcha un reglamento "para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".

Sánchez ha pedido a todas las administraciones con competencias en vivienda que "arrimen el hombro", y ha llamado a que se aplique la Ley de Vivienda porque considera que ofrece herramientas muy útiles a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, en sus palabras.

En su intervención, Sánchez se ha hecho eco de la multitudinaria manifestación de este domingo en Madrid -22.000 según la Delegación del Gobierno, 150.000 según los convocantes- para exigir rebajas en los precios del alquiler: "El Gobierno la escucha con atención y comparte su demanda", ha asegurado el presidente.

"Vamos a seguir peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos", ha recalcado Sánchez, que ha reconocido que "la situación es difícil" porque "los precios de los pisos no han parado de subir y la oferta es escasa".

Hay que reaccionar "con contundencia", ha dicho Sánchez, porque de lo contrario la sociedad española "acabará dividida" en dos clases: "No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres".

Por ello, ha subrayado, "el Gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda" y piensa desplegar "medidas contundentes".

De entrada, ha anunciado el reparto de 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven, que esta semana se llevarán al Consejo de Ministros para que puedan ser ejecutados por las comunidades, a las que ha pedido más celeridad para su tramitación.

Asimismo, ha explicado que habrá un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".

El anuncio de Sánchez llega después de que, en septiembre, el Congreso rechazara tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones, al votar en contra los siete diputados de Junts, junto a PP y Vox. 

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