El Senado ha dado ya luz verde a los proyectos de ley del impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, lo que se conoce como la 'tasa Google', así como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras ('tasa Tobin'), que entrarán en vigor previsiblemente a partir de enero de 2021.

De este modo, el Gobierno podrá ver materializada una de sus promesas y uno de sus grandes objetivos: gravar a las grandes empresas tecnológicas, --como Google, Amazon, Facebook o Apple--, y que tributen en nuestro país por los beneficios que realmente generan aquí, --por su actividad efectiva--, evitando que estos gigantes del mundo digital se escabullan. De este modo, con ello el Ejecutivo busca tener un gran impulso en los ingresos y una gran baza para sus Presupuestos Generales del Estado.

En 2017, Google, Amazon, Facebook y Apple solo pagaron 24 millones de euros a Hacienda. Por eso, la filosofía de la tasa es que estos gigantes paguen allí donde realmente generan su negocio. La tasa Google fija un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

A las empresas de Internet con ingresos anuales mundiales de al menos 750 millones de euros y que tengan ingresos en España superiores a los 3 millones.

Está exento el comercio electrónico que implica la venta de bienes o servicios contratados directamente al proveedor, sin intermediario.

Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca han puesto el freno a una tasa Google para Europa. Sí, los países inspiradores de gran parte de la socialdemocracia europea han vetado este impuesto. Más de 3.000 millones son la causa y una industria de almacenamiento de base de datos en las que empresas como Google y Apple han mirado hacia el norte de Europa. El clima, la capacidad tecnológica de la población y las ventajas fiscales son claves. Y no quieren perder eso con un impuesto global.

El Gobierno espera recaudar 1.200 millones anuales, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebaja la cifra a una horquilla entre 546 y 968 millones.

El experto, Luis Garvía, profesor de finanzas en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) cree que “no tiene sentido implantarlo solo en España". "Lo peor es que podría repercutir en el usuario y merece la pena pensar si es más inteligente cooperar con ellos que meterles el dedo en el ojo, como se dice de forma vulgar. Los países que quieren las infraestructuras de los GAFAM no lo van a permitir y ellos son los que tienen todas las de ganar porque hablamos de países donde hay estabilidad económica y hace el frío necesario para tener los procesadores", afirma.

Cuando se habla de usuarios también se hace de pymes. Hay compañías se han convertido en plataformas de prestación de servicios digitales para consumidores finales y también para otras pequeñas y medianas empresas: Google Ads o Facebook Ads facilitan que las pymes europeas accedan a publicidad muy asequible y ya segmentada por perfil de usuario, permitiéndoles así competir con otras compañías de mayor tamaño.

AMETIC asegura que los más perjudicados serán las pymes y los ciudadanos de rentas bajas que utilizan servicios digitales porque las compañías afectadas les acabarán repercutiendo el nuevo impuesto. La patronal de la industria tecnológica pide que España espere a que haya un pacto internacional sobre este impuesto para no encontrarse en inferioridad de condiciones, pero lo cierto es que la tasa Google ya está aquí y España, ante la falta de acuerdo entre Europa y EEUU en el marco de la OCDE, ha decidido dar el paso por su cuenta.

El Gobierno no quiere enfadar más a Trump, que ya está haciendo daño con sus aranceles a algunos de nuestros productos. Sin embargo España ha optado por imitar la idea francesa, que aplaza hasta diciembre los pagos correspondientes a abril y noviembre. En caso de no llegar a un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se procedería a su recaudación en diciembre, y de alcanzar un pacto internacional pasaría a aplicarse la nueva normativa. El Ejecutivo galo tomó esta decisión en enero en el marco de sus negociaciones con Estados Unidos, después de que la Administración Trump amenazase con imponer aranceles a los vinos franceses en respuesta a una tasa que, a su juicio, perjudica a las empresas tecnológicas estadounidenses.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, reconoció en su momento que ella misma informó de la iniciativa tributaria a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, "como buena socia leal". "Él tomó nota", dijo en declaraciones ante los periodistas antes de incorporarse al Consejo de Ministros de Exteriores, en Bruselas. "Lo mismo hizo la vicepresidenta económica Nadia Calviño con su homólogo Mnuchin (secretario del Tesoro de EEUU), como se debe hacer siempre que uno hace un movimiento de este tipo", manifestó, dejando claro que era una "información y no una negociación". Y visto queda, porque el Pleno del Senado ya ha dado luz verde a la tasa, y pese a las insistentes amenazas de Trump.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) avisan de una posible sobreestimación en la recaudación prevista con este nuevo tributo, así como advierten de los riesgos de asumir tanto la 'tasa Google' como la 'tasa Tobin' en solitario.

En su opinión, insisten, los ingresos estimados por el Gobierno son excesivos.

Ya el pasado año, cuando la idea se puso sobre la mesa y Sánchez expresaba su intención de recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advirtió de que la previsible aprobación de un nuevo impuesto digital ‘unilateral’ no es una medida “demasiado razonable” ni "técnicamente muy deseable" porque generará efectos de deslocalización, recomposición de grupos y cambios de estructuras.

La norma prevé sanciones de hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior para las empresas que traten de ocultar la ubicación del usuario de esos servicios mediante el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otras pruebas.

Francia, Italia, Alemania y Hungría tienen alguna figura tributaria sobre servicios digitales. En concreto, Francia aprobó el pasado julio el impuesto a las grandes empresas de Internet con el que esperaba recaudar 400 millones en 2019 y 650 este año. La tasa GAFA (siglas de Google, Amazon, Facebook y Apple) se aplica a unas 30 compañías, entre las que están Meetic, Airbnb, Instagram y la francesa French Criteo.

La Comisión Europea tiene un proyecto de una tasa Google en toda la UE para que los gigantes digitales paguen una cuota justa de impuestos, pero no ha visto la luz por la oposición frontal de Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. El Ejecutivo comunitario calcula que esta tasa podría recaudar 6.000 millones anuales para la UE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone que las grandes empresas digitales, así como las que ofrecen servicios finales, paguen una parte de sus impuestos en los países donde estén sus usuarios, aunque no tengan presencia física en ellos. El grupo de trabajo espera que sus miembros lleguen a un acuerdo, sin embargo todo parece en punto muerto.

La negociación de la UE con EEUU no prospera, y en estos momentos, en plena pandemia de coronavirus y con las elecciones presidenciales americanas en el frente, todavía menos.

La Casa Blanca desde el primer momento ha amenazado con imponer aranceles del 25 % sobre las importaciones europeas si se pone en marcha la tasa Google, que perjudica especialmente a sus multinacionales digitales.