{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
En los últimos nueve meses, se han recibido 1,2 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital (IMV). De estos, 873 000 se han tramitado y se han denegado más de 600 000, lo que supone un 68,7 %, la mayoría de ellos por superar los niveles de renta, según ha señalado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Durante su comparecencia en el Senado, Escrivá ha detallado que, en nueve meses, se han recibido 1,2 millones de solicitudes, lo que hace que esta prestación llegue ya a unas 565 000 personas.
De vuelta a los denegados o inadmitidos, Escrivá ha señalado que el 60 % de las solicitudes rechazadas ha sido por incumplir los criterios de renta y que, de estos, el 40 % superaba el límite de renta en más del doble y el 70 % en más del 50 %.
Escrivá ha reconocido que están analizando las razones de este volumen tan alto de rechazos de solicitudes y estudiando cómo mejorar esta situación. Y ha subrayado que es la primera vez que en una prestación de este tipo se cruzan datos de renta con la Agencia Tributaria.
También ha destacado el papel del IMV frente a las rentas mínimas autonómicas y ha detallado que, en 8 meses, los beneficiarios del ingreso mínimo superan a los de los autonómicos en siete comunidades y en las dos ciudades autónomas.
"La cobertura es abrumadoramente superior a las de todas las rentas mínimas autonómicas (3,5 veces mas) en un período de tiempo comparable desde su introducción", ha defendido Escrivá, que ha añadido que el ingreso mínimo vital paga, en promedio, una prestación 900 euros más alta al año que las rentas mínimas.
Cabe recordar que durante el primer estado de alarma en España por la pandemia, el Gobierno aprobó sin votas en contra este IMV para reducir el 80 % de la pobreza extrema para rentas de menos de 2.950 euros anuales. Los requisitos para poder cobrar el IMV dependen de varios factores.
Por otro lado, Escrivá también ha señalado que la protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) continuará más allá del 31 de mayo, que es cuando termina la actual prórroga. Además, ha hecho balance en el Senado de la situación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), bajo los que actualmente, ha apuntado, hay unos 805 000 trabajadores, unos 100 000 menos que a cierre de febrero.
Además, ha incidido en el gasto total que están teniendo las distintas medidas en protección de empleo -ERTE, ayudas a autónomos e incapacidad temporal- y que rondará los 40 000 millones de euros acumulados en el mes de mayo.