Los planes de pensiones individuales podrían disfrutar de una fiscalidad menos favorable en el futuro si se cumplen los planes del Gobierno. Según los documentos del plan de inversiones y reformas enviados a Bruselas por el Ejecutivo, la fiscalidad favorable a estos planes de pensiones pasará hacia los planes de pensiones de empleo (PPE), procedentes de la negociación colectiva. Estos últimos no parten de la iniciativa individual, sino que son fruto de las aportaciones tanto del empleado como de la empresa. ¿Cuáles son los motivos de este cambio? ¿Cómo funcionan los planes de empresa y en qué se diferencian de los individuales?
Los planes de empleo se deben incluir en la declaración de la Renta y tributan como rendimientos del trabajo: se les aplica, al igual que al resto de planes de pensiones, un límite de deducción anual de 8.000 euros. En este caso, la deducción aplicable corresponde actualmente bien a esos 8.000 euros, bien al 30 por ciento de los rendimientos netos de trabajo y de las actividades económicas, si bien habrá que escoger la cantidad más baja entre las dos. Además, para la empresa, las aportaciones a estos planes se transforman en gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.
En cuanto a los planes individuales de pensiones, el pasado año se redujo la cantidad deducible en 2.000 euros, pasando de los 10.000 a los 8.000. Se trata de un primer paso que podría desembocar en una fiscalidad aún menos beneficiosa para el ahorrador privado, ya que, según los planes del Gobierno, a partir del 2023 y "de forma gradual" se irán trasladando estos beneficios a los planes de empleo y de empresa. La meta es ampliar su uso y traspasar la barrera de los 13 millones de usuarios de cara a 2030, partiendo de los 3 millones de trabajadores que se acogen a ellos actualmente. El objetivo marcado por el Ejecutivo correspondería al 80 por ciento de la población activa.
El volumen de dinero gestionado con este nuevo vehículo llegaría a suponer el equivalente al 9 por ciento del PIB español en esta década, cifra que subiría hasta el 31 por ciento en el 2050. Este plan, que podría estar listo durante los primeros seis meses de 2022, afectaría también a los trabajadores autónomos y a los funcionarios, y se justifica porque, según los argumentos del Gobierno, los planes privados "no incentivan el ahorro" y resultan "fiscalmente regresivos", aplicando penalizaciones en el momento de la retirada que salen caras al trabajador.
De otro lado, se reducirían las subvenciones a la contratación por considerarse poco efectivas y suponer un porcentaje elevado del gasto público dirigido a políticas activas de promoción del empleo (en concreto, el 25 por ciento). Al contrario, se impulsaría la orientación y formación de parados que encuentren finalmente empleo, premiándose también a las empresas que mantengan a trabajadores de avanzada edad en sus plantillas a través de exenciones a las cotizaciones del empleado por el período trabajado más allá de la edad legal y la introducción de premios al empleado.
De momento, y en línea con este plan, de cara a la declaración de la renta de 2022, el límite exento para los planes de pensiones de empleo pasará de los 8.000 euros actuales a los 10.000 euros, siempre y cuando 8.000 euros correspondan a aportes empresariales. Del mismo modo, esta cantidad podrá cambiarse por el 30 por ciento de los rendimientos netos del trabajo y las actividades económicas si la segunda es más baja.