El Congreso ha renovado por tercera vez las recomendaciones del Pacto de Toledo que vuelve a revalorizar la pensión con el IPC y da más protagonismo al Estado para que financie los gastos impropios de la Seguridad Social y ayude así a reducir el déficit del sistema.

El Pleno del Congreso ha ratificado con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones el "Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo", que contempla 21 nuevas recomendaciones adaptadas a un nuevo mercado laboral y que buscan tanto garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones como mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

La Comisión del Pacto de Toledo, que está presidido por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio y que ha cumplido este año sus bodas de plata, ha conseguido cerrar con amplio consenso unas propuestas debatidas durante casi cuatro años. De hecho ha conseguido unir los votos del PSOE y del PP y, pese a la oposición de VOX y la CUP, también ha contado con las abstenciones de ERC, EH Bildu, BNG o Más País, críticos con el nuevo texto pero que consideran que hay avances.

1. Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, de forma que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar las prestaciones contributivas.

2. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, con una revalorización anual basada en el IPC real.

3. El Fondo de Reserva no es el mecanismo adecuado para resolver los desequilibrios financieros de naturaleza estructural. Se propone establecer un remanente mínimo y endurecer su disponibilidad, y se suprime la recomendación de dotarlo anualmente con un porcentaje fijo.

4. Integración y convergencia de regímenes para que solo quede el de trabajadores por cuenta ajena y el de trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de tengan una protección social equiparable a partir de una cotización también similar, promoviendo que los autónomos coticen conforme a sus ingresos reales.

5. Posibilidad de elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad, dado que progresivamente se está ampliando de 15 a 25 años el periodo de cotización utilizado para determinar la pensión.

6. Los incentivos al empleo no podrán financiarse con cargo a las cotizaciones sociales y han de ser una herramienta excepcional y enfocada a colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género, una vez demostrada su ineficacia cuando son generalizados.

7. Modernización e información al ciudadano, facilitando tanto los periodos cotizados a lo largo de la vida laboral, como el importe de las cotizaciones efectivamente realizadas.

8. Gestión del sistema mejorada, que incluye la defensa de una coordinación más estrecha entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos, y la evaluación de criterios adecuados y claros para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social en supuestos de dificultades.

9. Completar el proceso de modernización y transparencia en el funcionamiento de la mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

10. Mejora de la lucha contra el fraude laboral, con el refuerzo de medios materiales y humanos, así como con el endurecimiento del régimen de sanciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

11. Reforzar la contributividad -relación entre lo cotizado y la prestación recibida-, pero con mejora de las pensiones más bajas y sin agrandar la brecha de género, y valorar la posibilidad de que en los casos de vidas laborales muy prolongadas se pueda descartar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger el tramo de la carrera de cotización sobre el que calcular la pensión.

12. Aproximación de la edad de salida efectiva del mercado de trabajo a la edad legal de jubilación, fomentando la permanencia en activo, incentivando la prolongación voluntaria de la vida laboral y evitando que la jubilación anticipada sea un forma de regulación de empleo. Se da al Gobierno tres meses para que plantee una respuesta a las jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores provoca inequidad.

13. Reformulación integral de las prestaciones de viudedad y orfandad para mejorar su cuantía, para dirigirla a personas de 65 o más años cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos y para elevar hasta los 25 años la edad de los beneficiarios de la prestación por orfandad.

14. Garantía de suficiencia, para lo que pide establecer como posible referencia la tasa de sustitución que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores ocupados y un ámbito territorial de medición comparada que podrían ser los países más avanzados de la Unión Europea.

15. Dentro de los sistemas complementarios se apuesta por incentivar los planes de pensiones de empleo surgidos de la negociación colectiva (promovidos por la empresa en beneficio de sus empleados) y gestionados prioritariamente sin ánimo de lucro.

16. Para corregir la brecha de género en pensiones apela a la igualdad retributiva, a corregir lagunas de cotización involuntarias o a evitar discriminación en el cálculo de la pensión en el caso del empleo parcial, desarrollado principalmente por mujeres y no por libre elección.

17. En relación con los jóvenes reclama políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo y combatir la precariedad derivada de la alta temporalidad, parcialidad, rotación o subempleo, que impactan negativamente en sus pensiones futuras.

18. Favorecer el acceso de las personas con discapacidad a un empleo digno, suficiente y de calidad, además de mejorar su protección social.

19. Facilitar la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema de las personas migrantes y, en particular, de los procesos de gestión de autorizaciones de residencia y trabajo de las personas extranjeras menores de edad no acompañadas, con el fin de favorecer su incorporación plena al mercado laboral.

20. Evitar la informalidad o la infracotización en las actividades desarrolladas a través de plataformas digitales y luchar con el recurso a la figura del falso autónomo. Buscar mecanismos para completar la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, en una economía en la que la innovación tecnológica no implica una mayor creación de empleo ("impuesto al robot").

21. Mantener para la Seguridad Social un tratamiento presupuestario propio, mantener la colaboración fluida de la comisión del Pacto de Toledo con entidades públicas y organismos autónomos para poder desempeñar sus tareas de seguimiento, y revisar las recomendaciones transcurridos al menos cinco años desde su aprobación.

Tras más de una treintena de sesiones, desde la XII Legislatura, en las que los miembros de la Comisión han escuchado la comparecencia de autoridades y expertos, se ha elaborado un informe que recomienda profundizar en la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social para acabar con el déficit del sistema en 2023, coincidiendo con el final de la legislatura.

El Estado deberá financiar de forma progresiva vía presupuestos o con transferencias directas los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas derivados de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

La mayoría de los portavoces han destacado este jueves la labor de acercamiento que ha promovido Magdalena Valerio, que ha recordado que "sólo con el consenso político y social podrán hacerse medidas eficaces para afrontar los desafíos de las seguridad social, que debe ser instrumento de cohesión que garantice la paz social y estabilidad política".

El Pacto de Toledo tiene la encomienda de revisar sus recomendaciones cada cinco años y ahora tendrá que ser el Gobierno el que, con la concertación de patronal y sindicatos, legisle y reforme la Ley de la Seguridad Social. Durante el debate, en el que también se ha rechazado un total de 19 votos particulares presentados por siete formaciones para modificar algunas propuestas, Valerio ha recordado que estas recomendaciones defienden un modelo público, contributivo, solidario y de reparto.

Ha destacado que se proponga poder elegir los mejores 25 años de cotización para el cálculo de la pensión, que se busquen medidas para acercar la edad real a la edad legal desincentivando la jubilación anticipada, que las pensiones de viudedad no discriminen a las parejas sin vínculo matrimonial previo o que se apruebe un modelo para que los autónomos coticen por sus ingresos reales.

Luchar contra el fraude, mejorar el papel de las mutuas, impulsar el empleo en los colectivos de discapacitados y de inmigrantes o mejorar las carreras de cotización de las mujeres son otras recomendaciones que contempla ahora el Pacto de Toledo.

Señala además a la Carta Social Europea como referencia para establecer un indicador de lo que es una pensión suficiente y propone establecer un remanente mínimo en el Fondo de Reserva sujeto a una regla que endurezca su disponibilidad.

VOX ha decidido votar en contra porque no acaba con el déficit de la Seguridad Social sino que lo "traspasa" al Estado y, además, no recoge una propuesta para fomentar la natalidad frente a la que sí incluye sobre inmigración, ha dicho su portavoz Pablo Sáez. La Cup también ha rechazado este pacto aunque por motivos muy distintos, ya que considera que abre la puerta a reformas regresivas. Sin embargo, aunque ERC, Bildu o BNG han sido críticos con las recomendaciones y han pedido volver a la edad legal de los 65 años o una auditoría para ver dónde están los excedentes que tenía el Fondo de Reserva y fueron utilizados para financiar gastos impropios, han señalado, ante todo, el tono constructivo de las mismas.

Y es que desde todas las formaciones se ha valorado un acuerdo alcanzado desde el respeto y mientras la portavoz del PSOE, Mercè Perea, y del PP, Tomás Cabezón, han dicho que trata de un pacto "de País" y "de Estado", el diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha señalado el reconocimiento del diálogo y las diputadas de Unidas Podemos Meri Pita y Aina Vidal han afirmado que este pacto demuestra que "gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden".