Las pensiones mínimas y las no contributivas se revalorizarán en 2025 por encima de la subida media de la inflación (2,8 % en el último año). El objetivo de la Seguridad Social es seguir reduciendo la brecha entre estas prestaciones y el umbral de pobreza.

Estas pensiones, que cobran unos 2,5 millones de personas (2,1 millones las mínimas y unas 450.000 las no contributivas), tendrán que subir más de lo que lo harán el resto en 2025, ese 2,8 % fijado por la evolución media de la inflación, según recogió la última reforma. El año pasado estas pensiones subieron un 6,9 % frente al 3,8 % que lo hicieron el resto.

La cifra exacta de esta subida se conocerá en las próximas semanas, aunque el alza de las pensiones mínimas y no contributivas podría rondar el 5 %, según lo recogido en el informe de proyecciones presentado hace un año por el Ministerio de Inclusión y que situaba la pensión mínima con cónyuge a cargo en 15.227 euros anuales en 2025 frente a 14.466 vigentes anuales.

El objetivo en el caso de las pensiones mínimas es converger con el 60 % de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027, mientras que las pensiones no contributivas deben alcanzar en ese año el 75 % del umbral de la pobreza estimado para un hogar unipersonal.

También se vuelve a aplicar en 2025 la mejora del complemento de brecha de género adicional a la evolución del IPC, un 5 % más, que lo situará en unos 35,8 euros mensuales por hijo.

A su vez, desde 2025 la cuantía máxima de la pensión inicial contributiva se actualizará cada año de acuerdo con la inflación con un incremento adicional de 0,115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050.

En 2024, la pensión máxima es de 3.175 euros mensuales, por lo que, aplicando un alza del 2,95 %, quedará en 3.267 euros mensuales en 2025.

Junto a estas subidas adicionales, la reforma estableció un incremento de una décima anual, hasta situarlo en el 0,8 % en 2025, del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la sobrecotización con la que se busca elevar ingresos para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de la generación del 'baby boom'. El objetivo es llegar al 1,2 % en 2029.

De esos 0,80 puntos porcentuales, 0,67 corresponderá a la empresa y el 0,13 al trabajador.

La reforma también estableció que la base máxima de cotización se actualizaría anualmente conforme al IPC al que se sumaría, desde 2024 y hasta 2050, 1,2 puntos porcentuales cada año. También se busca elevar así ingresos por cotizaciones.

En 2024 la base máxima es 4.720 euros, por lo que en 2025 el alza será del 4 % (2,8 % más 1,2 %), hasta los 4.738 euros.

También entra por primera vez en vigor en 2025 la "cuota de solidaridad", otra sobrecotización para los salarios más elevados que implicará abonar un recargo de entre el 0,92 y el 1,17 %, que irá incrementándose progresivamente hasta 2045.

De esta forma, el año que viene a las retribuciones que superen en un 10 % la base máxima se les aplicará un 0,92 % sobre la cantidad que excede, mientras que desde el 10 % adicional de la base máxima hasta el 50 % adicional se recargará un 1 % y lo que vaya por encima de ese porcentaje abonará el 1,17 %.

Otro de los cambios de la reforma, el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, queda para 2026.

A partir de ese año, comenzará a desplegarse un régimen dual por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen la más beneficiosa de dos posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses (2 años) peores; y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La primera opción comenzará a desplegarse progresivamente durante 12 años a partir de 2026.

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