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El precio del alquiler en muchos países de Europa (y de todo el globo) ha experimentado importantes subidas en los últimos años, especialmente en las grandes capitales, como Londres, París, Nueva York, Lisboa, Roma, Viena... y también Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas de menor tamaño. Es una de las consecuencias de la crisis inmobiliaria de 2008: el determinados núcleos la demanda de alquiler es mucho mayor que la oferta, lo que ha permitido, a falta de regulación, un aumento generalizado de los precios. Existen, además, otros factores envueltos, como el auge del alquiler vacacional. Como respuesta, algunos países han decidido crear límites al precio de los alquileres, y en España el Gobierno ha prometido tomar medidas en este sentido. ¿Cuáles son esos países y cómo se justifican estas medidas? ¿Qué dicen las voces a favor y en contra de limitar el precio del alquiler?
Berlín probablemente sea la última ciudad en haber introducido un tope al precio de la vivienda de alquiler, una medida que se aplica desde febrero de este año y que en principio tiene carácter temporal. No es el único ejemplo: existen normas similares en Portugal, Italia, Francia, Irlanda, Escocia, Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, República Checa, Canadá y Estados Unidos, normalmente relacionadas con núcleos urbanos concretos, como ha sido también recientemente el caso de Nueva York.
Estas son algunas ciudades del mundo en las que existe un límite al precio del alquiler:
En el caso de España, factores como las escasas posibilidades de los jóvenes de cara a la compra de una vivienda, la cada vez mayor movilidad geográfica o la gentrigicación provocan que exista una demanda mucho mayor de vivienda en alquiler, en detrimento de la compraventa. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, la demanda de viviendas en alquiler supera con creces la oferta, y ello ha llevado a ambas ciudades a registrar precios por metro cuadrado en máximos históricos. Además, los salarios no suben en paralelo, por lo que cada vez destinamos un porcentaje mayor de nuestros ingresos a pagar nuestras necesidades en materia de vivienda. Los desahucios por impago de la renta crecen como consecuencia de todo ello.
Una posible medida es apostar por el alquiler social, escaso en nuestro país. Es la medida por la que abogan especialmente quienes se muestran en contra de acotar el precio del alquiler, y también instituciones como el Defensor del Pueblo defienden este tipo de medidas.
En cuanto a la posibilidad de limitar el precio del alquiler, instituciones como el Banco de España se muestran en contra y aseguran que ello provocaría una reducción de la oferta y el posible deterioro de los inmuebles. Opiniones similares expresa el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea.
Sin embargo, todo indica que pronto existirá una normativa en este sentido en España: el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, aseguró recientemente que “antes del verano llevará a la Cámara Baja una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas”.
Lo que pretende el Gobierno es habilitar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan poner topes en los precios del mercado del alquiler residencial en aquellas zonas que se confirmen como tensionadas en sus rentas. Ábalos también adelantó que serán medidas coyunturales y temporales.
De momento ya se trabaja en cómo llevar la normativa al Congreso, si mediante un decreto ley, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), o a través de la nueva Ley de Vivienda que el ministro lleva anunciando desde que tomó el cargo en 2018.
A nivel autonómico, Cataluña ya ha dado pasos hacia una limitación del precio de alquiler, a través de un decreto que fijaba que, en zonas declaradas como áreas con mercado de vivienda tenso, las mensualidades solo podrán superar un 10 por ciento del índice de referencia de precios de alquiler, además de otros límites en función de las características del inmueble. Sin embargo, el encaje legal de este decreto está en duda, debido a la falta de competencias.