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Una huelga a las puertas el 1 de abril no va hacer cambiar en grado sumo lo que va a hacer el Gobierno en relación a los alquileres. Ni moratoria, moratoria,ni suspensión del pago del alquiler Finalmente la propuesta que llevará este martes el Ministerio de Transportes al Consejo de Ministros será que el Estado avale microcréditos sin intereses a devolver en un periodo de entre tres y seis años para los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus.
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) han explicado que la medida está dirigida a las personas que viven de alquiler en pisos de "pequeños propietarios" -que son los que tienen menos de ocho viviendas en arrendamiento, según su clasificación-, mientras que para los alquileres gestionados por "grandes tenedores" (fondos de inversión, entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos) prevé moratorias en el pago de la renta.
Aunque no hay datos oficiales, el Mitma calcula que entre el 85 % y el 90 % del mercado de alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades. Las consultoras inmobiliarias elevan esa cifra al 95 % o 96 %, mientras que los sindicatos de inquilinos la cuestionan y esgrimen estudios que reflejan que solo el 16 % de los que ponen su casa en alquiler lo hacen por una "necesidad económica urgente".
El borrador de decreto que debatirá este martes el Consejo de Ministros incluye medidas antidesahucios y moratorias en el pago del alquiler de viviendas gestionadas por administraciones públicas.
La propuesta del ministerio que dirige el socialista José Luis Ábalos cuenta con el rechazo de la vicepresidencia social que encabeza el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que aboga por suspender el pago del alquiler a todos los afectados por el coronavirus los próximos dos meses, en la línea de lo que reclaman los sindicatos de inquilinos, que ya han convocado a una huelga de alquileres a las familias, autónomos y pequeños comerciantes afectados. Según sus datos, más de 8.000 personas han avisado, desde el pasado 19 de marzo, de que no podrán hacer frente al pago del alquiler en abril por haber visto reducidos sus ingresos o haber perdido su empleo.
El Gobierno, pues, aprobará en el Consejo de Ministros un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.
El plan incluye una línea de 'microcréditos' avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.
Toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos.
Este programa habilitado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitará créditos sin coste de intereses ni comisiones que se podrán devolver en seis años. Si pasados esos seis años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de cuatro años más.
Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
En el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o fondo de inversión, el inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en un plazo de dos o tres años, pudiéndose acoger en todo caso a la línea de crédito del ICO.
Concretamente, el plan que presentará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Consejo de Ministros este martes, tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, contempla un primer punto por el que se determina la paralización de todo proceso de desahucio en hogares vulnerables sin alternativa habituacional durante un periodo de seis meses a partir de la finalización del estado de alarma. Asimismo, la propuesta establece una prórroga automática de seis meses para todos los contratos de alquiler cuya vigencia concluya coincidiendo con el periodo de estado de alarma.
En tercer lugar, el plan establece la posibilidad de contar con una moratoria de cuatro meses en el pago del alquiler a los inquilinos de pisos propiedad de grandes tenedores de viviendas en renta cuya situación económica se vea afectada por la actual crisis. Estos inquilinos se beneficiarán o bien de una quita de deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en dos o tres años, pudiendo acogerse siempre a las líneas de crédito del ICO.
Para aquellos que vivan en un piso alquilado a un particular o un pequeño propietario, el grueso del colectivo de ciudadanos que viven en renta (alrededor del 90% del total), el Ejecutivo habilitará a través del ICO una línea de 'microcréditos' estimada en unos 100 millones de euros, a interés cero, con un plazo de devolución de entre tres y seis años.
Además, se habilitará una línea de ayudas directas del Estado para aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos, hasta un máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
El plan del Gobierno para el alquiler contempla un tercer supuesto, el de aquellas personas que no sólo estén afectadas por la crisis, sino que se encuentren en situación "ruinosa". En estos casos, se habilitará parte de los fondos del Plan Vivienda.
De esta forma, la suma de todas las medidas e iniciativas supondrá la movilización de fondos por importe de unos 700 millones de euros para apoyar a quienes se enfrenten a dificultades para atender el pago mensual del alquiler por la actual situación.
Con este paquete de medidas que mañana aprobará el Gobierno, se pretende dar respuesta a las demandas al respecto planteadas después de que en el primer paquete de ayudas económicas ya se incluyeran ayudas al pago de hipotecas. En España, el mercado el alquiler está completamente atomizado, dado que el grueso de la oferta procede de propietarios particulares, si bien en los últimos años ha comenzado a profesionalizarse por la proliferación de las socimis.
En cuanto al 5% restante del mercado que está en manos de empresas y fondos, los grandes titulares de pisos son el fondo estadounidense Blackstone, con unos 20.000 activos a través de distintas socimis, y después firmas como el grupo Azora, con unos 7.000 pisos, y socimis como Témpore, la participada por la Sareb, con algo menos de 3.000.