Es una de las grandes polémicas de las medidas económicas del Gobierno: la posibilidad de la moratoria en el pago de la hipoteca, pero no del alquiler. Y eso ha provocado el estallido de las familias o pequeñas pymes y comerciantes para los que ahora pagar un alquiler es un drama.
El sindicato de Inquilinos de Madrid y de Cataluña ha convocado a partir del 1 de abril una huelga de alquileres de las familias, pequeños comerciantes y autónomos afectados por la crisis del COVID-19.
En declaraciones a EFE, uno de los portavoces del sindicato de Madrid ha explicado que esta iniciativa es "una herramienta para organizarse colectivamente y presionar al Gobierno, de modo que el impago no se tenga que afrontar individualmente. Si miles de personas nos negamos a pagar y lo hacemos bajo la cobertura de la huelga y de un mismo movimiento, nadie podrá hacer nada contra nosotras", ha argumentado.
El inicio de la huelga será el próximo miércoles, 1 de abril, fecha en la que empezará "una cascada de impagos de alquileres", y no se desconvocará hasta que el Gobierno suspenda el pago de los arrendamientos de los afectados: "hay millón y medio de personas" que han sufrido un ERTE, ha subrayado. Los costes económicos de esta suspensión, ha añadido, no deben recaer en el Estado ni en los pequeños arrendadores sino en "inmobiliarias, fondos y entidades financieras". En el caso de los pequeños propietarios que dependan de la renta de su inquilina para llegar a fin de mes, que son "la minoría", el Estado debe habilitar ayudas como una renta básica.
Estos sindicatos han lanzado una Caja de Resistencia para dotar a las personas que se sumen a la huelga de una mayor cobertura colectiva, a través de una campaña de micromecenazgo en el portal de goteo.org, y han habilitado la web https://suspensionalquileres.org para sumarse a la iniciativa. El pasado día 26, la ministra de Igualdad, Irene Montero, abogó por que el Gobierno permitiera suspender el pago del alquiler de pisos y locales comerciales a los afectados por la crisis del coronavirus, con medidas compensatorias para los arrendadores que también hayan perdido su empleo o hayan reducido sus ingresos. Montero reconoció la falta de consenso dentro del Ejecutivo en torno a este asunto.