La nueva Ley de Vivienda contempla que los pequeños propietarios puedan subir hasta un 10% el precio del alquiler
En la mayor parte de los casos, la Ley de Vivienda estipula que los alquileres deben quedar congelados
La Ley de Vivienda permitirá subir el precio hasta un 10% en zonas tensionadas para pequeños propietarios
Para poder subir el precio del alquiler, el contrato tiene que ser de larga duración y la vivienda deberá haber sido reformada
La Ley de Vivienda permitirá subir el precio en áreas tensionadas si el casero hace un contrato de larga duración, es decir, de 10 años. Este será el único modo que tendrán los arrendatarios para esquivar la congelación de precios, siempre que la vivienda haya sido rehabilitada y mejorada.
Las viviendas deben contar con nuevo contrato de alquiler y deberán haber sido reformadas para mejorar su accesibilidad o su eficiencia energética. De esta manera, los pequeños propietarios harían frente a la inversión que supuso la reforma de la vivienda mediante el alquiler.
La nueva Ley de Vivienda supone la congelación de precios
Como norma general, la nueva Ley de Vivienda estipula que en las zonas tensionadas, es decir, en aquellas en las que las rentas han aumentado más de lo razonable, los alquileres deben quedar congelados.
Los inquilinos que viven en esa zona pueden exigir prolongar su estancia 3 años más manteniendo las mismas condiciones, por lo que la renta solo podría subir lo que el IPC anual. En el caso de renovarse el alquiler, el arrendatario debe atenerse al precio marcado por el anterior contrato.
Pero esta norma tiene algunas excepciones, que permiten subir un 10% el precio de alquiler, siempre que se hayan producido obras para la mejora energética o de accesibilidad de la vivienda y se firme un contrato de larga duración.
A este incremento después se podrá sumar la actualización anual del precio conforme a la subida del IPC.
Las compañías de alquiler, las grandes damnificadas por la Ley de Vivienda
La Ley de Vivienda contempla la regulación del precio del alquiler para bajar las rentas a las viviendas que pertenezcan a grandes propietarios empresariales.
Sin embargo, esta medida no entrará en vigor hasta 2024, cuando se configure el nuevo índice de precios para referenciar los precios en las áreas tensionadas.
