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El anteproyecto de la ley de vivienda aprobada por el Consejo de Ministros incluye el concepto de 'zona de mercado residencial tensionado', con el que se pretende frenar la escalada de precios de venta y alquiler en algunas ciudades y barrios de los municipios españoles.
El Gobierno ofrece el marco jurídico, pero son las autonomías las que deciden declarar las zonas tensionadas.
Las zonas tensionadas son aquellas áreas en las que se ha producido un aumento sostenido de los alquileres en los últimos años y en las que los hogares sufren una mayor "sobrecarga financiera" para pagarlos. Es decir, que de media, el gasto en vivienda supere el 30% de ingresos de la zona. Además de que el precio de compra o alquiler en esa zona haya subido en los cinco años anteriores cinco puntos más que el IPC en esa comunidad autónoma.
Esta declaración la haría una comisión bilateral del Estado y la comunidad autónoma con audiencia al ayuntamiento implicado.
De encontrarse en una zona catalogada como tensionada, los inquilinos con un contrato tendrían derecho a prórrogas pagando la misma mensualidad. En ese caso, el propietario únicamente podría subir el IPC mientras durase la mencionada declaración de ámbito tensionado.
Otra de las novedades es que los nuevos contratos en esa zona tensionada deberán utilizar de referencia el precio del acuerdo anterior.
Sin embargo, los pequeños propietarios que hagan un nuevo contrato de larga duración (de 10 años) o que hayan realizado alguna reforma para mejorar la accesibilidad o la eficiencia energética, sí que podrán subir el precio del alquiler hasta un 10%.
Una declaración de zona tensionada tendrá una duración de tres años. Más allá de este tiempo, se puede ir prorrogando anualmente, pero repitiendo el proceso.
La ley se aprobará previsiblemente el segundo semestre de 2022 y las administraciones deberán elaborar los índices de precios de referencia que se apliquen a las zonas tensionadas.