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El Sindicat de Llogateres de Barcelona asegura en un comunicado que la ley de vivienda que aprueba este martes el Consejo de Ministros no servirá para bajar los alquileres ya que solo afecta a las empresas propietarias de diez viviendas o más.
En un comunicado hecho público hoy el Sindicat de Llogateres pide al Gobierno que generalice los supuestos para hacer bajar los precios de los alquileres también al resto de arrendadores y no solo a los grandes tenedores de viviendas.
Pide también incluir un régimen de sancionador, hacer menos restrictivos los criterios para la declaración de zonas tensas, prever la aplicación inmediata (sin periodos de gracia) y garantizar la vigencia de la regulación catalana (Ley 11/2020).
Esta plataforma denuncia también que la nueva regulación no tenga efectos relevantes para la garantía del derecho a la vivienda y, concretamente, las personas inquilinas al detectar en el texto del Gobierno español "oportunidades desaprovechadas", al tiempo que pide incluir en el proyecto "una iniciativa de ley de vivienda mucho más ambiciosa que fue presentada por algunos grupos parlamentarios y rechazada por el pleno del Congreso".
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas cree también que la ley no valdrá para nada si no se incluyen propuestas como repercutir honorarios de las inmobiliarias y los administradores de la propiedad siempre a la parte arrendadora (como ya pasa cuando estas son empresas), para mitigar las barreras de acceso al alquiler.
Así mismo, con el objetivo de hacer del alquiler una opción segura y estable, reclaman incorporar en la ley contratos renovables automáticamente y unas actualizaciones de la renta limitadas al 2 % (hay que recordar que el IPC disparado hasta un 6,7 % está provocando actualmente subidas inasumibles del alquiler).
Por otro lado, las enmiendas propuestas recogen el reconocimiento del papel de las organizaciones inquilinas, límites al alquiler turístico y la eliminación de beneficios fiscales como los de las SOCIMI.