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Los inspectores de trabajo han intensificado los controles después de haber detectado irregularidades en una de cada seis empresas con trabajadores acogidos a expediente temporal de regulación de empleo.
Los ERTE surgieron con motivo de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus pero ahora se han convertido en fuente de lucro ilícito para más de 4000 empresas en toda España. Las contrataciones en negro de trabajadores en ERTE continúan en aumento al tiempo que trabajo impone multas por valor de 22 millones de euros.
El Ministerio de Trabajo ha tenido que poner en marcha procesos de regulación que afectan tanto a las ayudas y salarios percibidos por los miles de empleados afectados por esas infracciones como a las exenciones de las cuotas de la Seguridad Social de las que se han beneficiado las empresas.
Según datos del mes de abril de 2021, las inspecciones han detectado irregularidades en 4.588 empresas de las 29.047 en las que se realizaron registros. Estos datos han provocado que se hayan tenido que levantar actas sancionadoras por un importe que roza los 22 millones de euros.
Las inspectores se han visto obligados a endurecer los registros después de la aprobación de la prórroga de los ERTE que, desde el inicio de la pandemia, han servido para mantener los ingresos de hasta 3'5 millones de personas.
Lo más habitual es que las empresas hayan contratado en negro a trabajadores que en ese momento se encontraban en suspensión de contrato. En este sentido, el teletrabajo ha supuesto una complicación añadida para las inspecciones de trabajo.
Para ello, las inspecciones de trabajo han comenzado a comprobar las conexiones remotas VPN de los trabajadores para así poder verificar las horas reales en las que el trabajador prestó servicios a la empresa.
Tras las irregularidades detectadas, Trabajo está exigiendo que los trabajadores devuelvan las ayudas percibidas y las empresas paguen las cuotas de seguridad social que les corresponden. Junto con la detección de los fraudes, las inspecciones buscan asegurar el mantenimiento del empleo tras el ERTE para que la mayoría de familias puedan mantener un nivel adquisitivo similar al que tenían antes del comienzo de la crisis.