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El Consejo de Ministros ha aprobado el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Así lo ha anunciado la ministra portavoz, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.
El Gobierno ha garantizado que las regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus serán las que más dinero reciban. Así se desprende de dichos criterios -la población protegida equivalente, el número de hospitalizaciones, el número de UCI y el número de pruebas PCR- expuestos por Montero.
Montero ha subrayado que este fondo supone un "balón de oxígeno real" para atender a las necesidades de las comunidades autónomas que permitirá además pagar "en tiempo y forma" a los proveedores y acceder a la liquidez extraordinaria que estas administraciones necesitan.
Ha asegurado que para decidir este fondo y su reparto el Gobierno ha escuchado a "todas las comunidades y a gran parte de los grupos políticos".
Los 2.000 millones de euros que el Ejecutivo destinará a la Educación dentro del Fondo Covid-19 dotado con 16.000 millones para las CC.AA se abonarán en septiembre y el 80 por ciento se destinará a los alumnos de 0 a 16 años. Así, lo ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.
Concretamente, María Jesús Montero ha señalado que la partida de Educación se abonará en septiembre por el comienzo curso escolar y que el 80 por ciento del importe se distribuye en las enseñanzas de 0 a 16 años mientras que el 20 por ciento restante se destina a las de 17 a 24 años, dirigida a "cubrir las necesidades de los universitarios".
Se trata de unos fondos no reembolsables y destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus. Inicialmente, el Gobierno planteó un fondo de 10.000 millones para gasto sanitario, otro de mil millones para asuntos sociales y 5.000 millones más para compensar la caída de ingresos.
Finalmente, 9.000 millones se destinarán a esos gastos sanitarios, otros 2.000 millones se destinarán a un fondo de educación y se mantendrá el tercer paquete para compensar la recaudación hundida. De esta última parte, 800 millones irán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.