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El Gobierno considera "inaceptables" los sueldos de los banqueros, especialmente si se pagan en entidades que al mismo tiempo plantean despidos masivos para su plantilla, y aunque parece dispuesto a poner límites a estas remuneraciones, hay varios inconvenientes para tomar una decisión de este tipo.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, fue la primera en pedir públicamente a los bancos responsabilidad para buscar todas las alternativas que minimicen el impacto sobre el empleo de las fusiones y afeó los sueldos y bonos de los directivos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó unos días después que sectores ganadores de la transformación digital están expulsando fuerza de trabajo mientras ellos están ganando salarios de seis cifras e incrementando sus beneficios y "bonus". "No creo que esto sea aceptable, y pienso que desde la dimensión política necesitamos dar también una respuesta contundente", añadió.
Sin embargo, hasta ahora sólo el Gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, puso en 2012 un tope de medio millón de euros a los sueldos fijos de los banqueros de las entidades que recibían ayudas públicas.
Limitar los sueldos no es una tarea fácil, reconocen a Efe fuentes próximas al Ejecutivo, ya que estas competencias están atribuidas desde octubre de 2013 al Banco Central Europeo (BCE), que sólo pone reparos al variable y no entra en los sueldos fijos. Aun así, el propio BCE envió una carta en plena pandemia del coronavirus a los consejeros delegados de los bancos que supervisa pidiendo "extrema moderación" en sus salarios y advirtiendo del impacto reputacional del pago de "bonus" en estos tiempos, especialmente si se trata de grandes sumas individuales. En cualquier caso, si existiera una legislación nacional diferente que fuera de aplicación, el BCE debería tenerla en cuenta, como ocurrió en 2012 en España tras el rescate bancario.
En 2018 el Gobierno neerlandés pidió opinión al BCE sobre un proyecto legislativo para limitar los sueldos fijos de los banqueros, con el que pretendía que el ministro de Finanzas tuviera la última palabra sobre cualquier incremento salarial o la política retributiva de un nuevo consejero. El BCE no puso objeciones, pero luego hubo un dictamen del Consejo de Estado de Países Bajos que consideró que la norma invadía competencias del supervisor europeo y acabó dinamitando el proyecto.
Lo primero que afeó el Consejo de Estado es que la norma infringía los derechos fundamentales de la propiedad de empresa, interfería con las competencias del BCE al dejar en manos del ministro de Finanzas una aprobación que dependería del supervisor, y existía un riesgo de arbitrariedad e inseguridad jurídica.
Tras estos avisos el Ejecutivo de Países Bajos propuso un nuevo proyecto en el que se establecía que parte de la remuneración fija de los banqueros se debía cobrar en acciones y estos títulos tenían que conservarse al menos cinco años, pero desapareció el requisito de autorización previa del ministro y sólo se hablaba de proporcionalidad entre el sueldo de los directivos y los empleados. En julio de 2019, el BCE dio su visto bueno a la norma holandesa, aunque todavía no ha comenzado a aplicarse. La experiencia de Ámsterdam es sólo una muestra de las dificultades de limitar el sueldo de los banqueros, una decisión que expertos jurídicos creen que podría llegar a ser inconstitucional y poner en aprietos al Ejecutivo que lo impulse.
Al margen de la batalla legal que podría llegar a desatarse, en los últimos días los consejeros delegados del Banco Santander, José Antonio Álvarez; del BBVA, Onur Genç; de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y del Sabadell, César González-Bueno, han destacado que los sueldos del sector financiero son los más regulados. Además, han recordado que aunque los proponen las comisiones de retribuciones y pasan por los consejos de administración, son los accionistas los que dan el visto bueno final en las juntas.
Otro de los argumentos de los bancos es "la fuga de talento", ya que si sólo se limitan los sueldos en la banca, compañías de otros sectores podrían fichar a sus directivos o podría haber dificultades también para renovar a sus cúpulas. En el caso de que la medida sólo se tomara en España, las entidades, especialmente las grandes, también tienen en su mano como última opción cambiar su sede y ubicarla en otro país o, en un mundo cada vez más digitalizado, que su cúpula se establezca fuera.
El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, ha reclamado a la banca actuar "con extrema prudencia en políticas de distribución de dividendo y remuneración variable" dado que las entidades siguen beneficiándose de diversas medidas de respaldo público.
Asegura que el sector bancario ha mostrado una elevada resistencia frente a la crisis, pero que el impacto de la pandemia todavía "no se ha manifestado plenamente en los balances de las entidades", de acuerdo con las declaraciones remitidas a los medios con motivo de la publicación del informe anual de la entidad.
Hernández de Cos mantiene que las mejoras en la solvencia del sector bancario y de la posición patrimonial de empresas y familias "han permitido capear mejor las consecuencias de esta crisis", aunque el elevado endeudamiento y déficit estructural de partida "han condicionado la capacidad de reacción", incrementando la vulnerabilidad del país. En su opinión, es "crucial" facilitar el ajuste de la economía a las nuevas realidades surgidas tras la pandemia y para ello ha señalado a los "mecanismos de flexibilidad" que permite la legislación laboral.