El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el proyecto que ha impulsado para idear la España de 2050, en un acto en el que se ha rodeado de empresarios y académicos, y en el que el ejemplo de la Transición o las lecciones de 'Alicia en el país de las maravillas' han servido para alertar de la necesidad de comenzar ya a sentar las bases del país que habrá dentro de 30 años.

El plan del Gobierno "España 2050" plantea un escenario económico a tres décadas mejor al actual, con menos paro, menos horas de trabajo, menos economía sumergida, una menor brecha de PIB respecto a los países europeos más ricos, mayor productividad, empresas de mayor tamaño o menores desigualdades.

Todo suena idílico salvo las pensiones, obvio, e imposible de desmentir porque el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida ejercerá tal presión sobre el sistema, que la edad de jubilación a los 67, por más que nadie lo diga, será imposible. Según el informe, en 2050 por cada persona mayor de 64 años habrá 1,7 personas en edad de trabajar, frente a las 3,4 actuales. Es decir, la mitad. Los distintos ejercicios de simulación realizados sugieren que, en España, el gasto en pensiones contributivas se situará en una horquilla de entre el 15,2 % y el 16,9 % del PIB en 2050 frente al 10,8 % de 2019, añaden.

Entre las propuesta en este punto, el plan considera que la jubilación a los 67 años, que será la edad legal en 2027, "no es un umbral bajo" en el contexto europeo, aunque constituye "un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad". Y añaden que una vía alternativa puede ser actuar sobre la edad efectiva de jubilación, ofreciendo incentivos que logren fomentar la permanencia en el mercado de trabajo después de la edad ordinaria.

El Plan España 2050 recoge la recomendación de prohibir los vuelos en aquellos trayectos que se puedan realizar en tren en menos de dos horas y media. Una prohibición que, a día de hoy, no afectaría al puente aéreo entre Madrid y Barcelona, ya que, en la actualidad, este trayecto se puede realizar en Alta Velocidad (AVE) en dos horas y media o más. Tampoco afectaría a los trayectos entre las ciudades de Madrid y Málaga o Madrid y Sevilla, pero sí lo haría a los viajes que se desarrollen entre Madrid y Valencia, ya que este trayecto en la actualidad se pueden realizar en menos de dos horas en AVE. También prevé la introducción de una tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino.

El informe apunta a una serie de objetivos para las próximas décadas como pasar del 62 % de tasa de empleo actual al 80 % en 2050, es decir aumentar más de quince puntos la inserción laboral, mientras se reduce la tasa de paro en once puntos, del 18 % el 7 %. Para ello, incide en la necesidad de elevar la ocupación especialmente en dos colectivos -mujeres y mayores de 55 años- e ir recortando la tasa de paro juvenil de cerca del 40 % actual al 14 % en 2050. Asimismo, señalan a una reducción de la tasa de temporalidad del 26 % al 15 % en 2050 para converger con los niveles europeos.

En cuanto a las horas trabajadas a la semana, se plantea una reducción de una hora por década, desde las 37,7 de media actuales hasta llegar a las 35 horas en 2050, cuando también esperan haber zanjado la brecha de género. Estos objetivos se enmarcan en un contexto en el que el "envejecimiento hará que en nuestro país haya 3,7 millones menos de potenciales trabajadores". "Para neutralizar esta pérdida de fuerza laboral, habrá que aumentar las tasas de empleo de las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 55 años; incentivar la inmigración legal, y potenciar la recuperación y atracción de talento", señalan.

El Gobierno prevé elevar la recaudación fiscal hasta el 43% del PIB en 2050, ocho puntos más que ahora, y por reducir a la mitad la economía sumergida, desde el 20% al 10% del PIB. De esta forma, apunta que en 2019 la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la UE-27 y del 43% de la UE-8, por lo que el objetivo del plan 'España 2050' es situar este porcentaje en el 43% del PIB en 2050, con dos pasos previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 40% en 2040.

De hecho, el Gobierno ha encargado a un comité de expertos un estudio sobre el sistema fiscal español, que deberá presentar sus conclusiones en febrero de 2022, y la intención del Gobierno es que algunos de los cambios fiscales puedan entrar ya en vigor en 2023, siempre que la recuperación económica se haya consolidado.

El Gobierno propone elevar progresivamente los impuestos que gravan el consumo de diésel y gasolina hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en la Unión Europea a 8 (países más avanzados), según el informe "España 2050" presentado este jueves.

En el caso concreto del IRPF y del IVA, que son las figuras tributarias que más recaudan en España, el documento del Gobierno afirma que los beneficios fiscales de ambos merman su recaudación; mientras que en el caso del Impuesto sobre Sociedades sus ingresos han caído "sustancialmente" desde la crisis de 2008.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, afirma que la falta de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, así como los beneficios fiscales introducidos por estas, limitan, "notablemente" su alcance.

Los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, apuesta por racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional, con el fin de eliminar las distorsiones provocadas por los beneficios fiscales en este impuesto, que acaban "sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles". España debería impulsar en la UE la implantación del sistema de 'Base Imponible Común Consolidada', además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en este impuesto.

La reforma "integral" de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE-15, es otro de los objetivos que se marca el Gobierno a largo plazo. Asimismo, asegura que debe replantearse el papel del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las haciendas autonómicas "para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables", las cuales "minan" el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad.

También apuesta por modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE, y por crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica.

Finalmente, y de cara a los cambios tecnológicos de aquí a 2050, el Gobierno aboga por reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas.

Igualmente, apunta que si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, "como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas", habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos. Por ejemplo, afirma se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.

Los expertos proponen pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra (impuesto de matriculación), circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características (peso, potencia y emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero).

En este capítulo, se fija como objetivo reducir a la mitad -del 20 % al 10 % del PIB- el volumen de la economía sumergida en España en 2050 para equipararlo con el de los países más avanzados de la Unión Europea (UE). Para avanzar en ese sentido, el plan propone mayor dotación para la administración tributaria, mejor coordinación entre la Hacienda estatal y las autonómicas o impulsar las nuevas tecnologías.

Otros objetivos son la reducción del 22 % al 10 % de la brecha de renta per cápita con la UE8 o alcanzar unos niveles de inversión en investigación y desarrollo (tanto pública como privada) del 3 % en 2030 y el 4 % en 2050, así como elevar la productividad laboral e incrementar el tamaño medio de las empresas.

El plan 'España 2050' propone reducir el porcentaje de población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda, con especial foco en la población que vive en alquiler, "que es la que sufre una sobrecarga más elevada", y situarlo en el 8% en 2030, en el 6,5% en 2040 y en el 4,5% en 2050.

También recomienda crear un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas, "con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor tensión".

Además, quiere que el porcentaje de viviendas rehabilitadas del total del parque sea del 2% en 2050. Para garantizar de forma efectiva el acceso a una vivienda digna y adecuada, el documento también aboga por incrementar la disponibilidad de la vivienda pública y social a través de la compra de viviendas en edificios y comunidades ya consolidadas, la rehabilitación o la construcción de nuevas viviendas. "Su localización deberá evitar nuevos procesos de segregación socioespecial", añade.

También insta a fomentar el alquiler de la vivienda vacía ofreciendo garantías suficientes a la parte propietaria y ejerciendo control sobre la calidad de la vivienda ofertada. Para ello, se propone la creación o mejora, en su caso, de bolsas de intermediación pública de alquiler y marcos de colaboración público privados que contribuyan a una mejor gestión.

Asimismo, apuesta por establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda y reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler, asegurando su mantenimiento y disponibilidad, e impidiendo que su titularidad deje de ser pública, pero también por incentivar las formas de tenencia alternativas a la propiedad absoluta y al alquiler, como la propiedad temporal y la propiedad compartida, adaptándolas a la realidad española.

El Gobierno calcula que 27 millones de españoles vivirán en 2050 en zonas de estrés hídrico, al que considera uno de los problemas medioambientales "más acuciantes" y que se magnificarán en los próximos años y alerta de que los bosques del noroeste se parecerán a los del Mediterráneo a mitad de siglo, una fecha en la que España será uno de los países de la Unión Europea con mayor riesgo de incendios.

Por ello, en su planteamiento, el Gobierno adelanta que en materia de agua habrá que desarrollar fuentes alternativas de abastecimiento, como la reutilización o desalinización a partir de energía renovable; reducir las pérdidas que se producen en la red de saneamiento y suministro; y garantizar unos elevados estándares de la calidad del agua. De ese modo, confía que con el agua "renovable" junto con un consumo moderado se podrá aliviar la presión sobre el recurso en "muchos" territorios del país. Todo ello, añade, repercutirá en la salud de manera "severa" ya que el aumento de las temperaturas y las olas de calor causarán la muerte de 20.000 personas al año en 2050.

Asimismo, en el contexto de 2021 opina que la pandemia del coronavirus se convertirá en "el gran catalizador" de esta transición ecológica, no solo en España sino en el conjunto de Europa. Precisamente, destaca que la transición ecológica "generará multitud de oportunidades en sectores como el de la movilidad, la logística y la distribución; la construcción y rehabilitación de edificios; la generación, distribución y almacenaje de energías limpias; la producción de bienes reciclados y reciclables; la alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente, el turismo y el ocio sostenible.

En el marco de las "profundas" transformaciones "necesarias" para lograr la neutralidad de carbono establece una serie de objetivos entre los que destaca el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 por ciento en 2050 ya que el resto, el 10 por ciento de reducción saldrá de la absorción de los sumideros de carbono.

También marca el reto de reducir la demanda total de agua un 5 por ciento en 2030 y un 15 por ciento en 2050; reducir la intensidad energética primaria en un 36 por ciento en 2030 y en un 63 por ciento en 2050 respecto a los valores de 2015. Otro de los objetivos será lograr que "la totalidad" de la energía eléctrica sea generada mediante fuentes renovables en 2050, mientras que para 2030 fija el objetivo en el 74 por ciento, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia a Largo Plazo.

Otra de las medidas será fortalecer el papel de los impuestos verdes para que España alcance la media de los países europeos antes de 2030 e incrementar más la ambición de la fiscalidad verde en las siguientes dos décadas para asegurar "que se completa la descarbonización y se impulsa de forma decidida la economía circular y la protección medioambiental". Asimismo, quiere que la superficie de producción agrícola ecológica crezca hasta el 25 por ciento en 2030 y hasta el 60 por ciento a mitad de siglo e incrementar las superficies forestales arboladas para proteger la biodiversidad, mejorar la resiliencia de los ecosistemas e incrementar la capacidad de los sumideros de carbono. En concreto, quiere lograr una tasa de reforestación media de 20.000 hectáreas al año entre 2021 y 2050, cinco mil hectáreas más que las actuales

El Gobierno prevé que, en las próximas tres décadas, el número de personas mayores de 65 años beneficiarias de ayudas a la dependencia en España podría duplicarse, pasando de las 806.963 actuales a más de 1.600.000 en 2050. El escenario más plausible de gasto en cuidados para mitad de siglo estará entre el 2,2% y el 3% del PIB.

De este modo, cree que el sistema de cuidados cambiará "drásticamente en las próximas décadas". En este sentido, señala que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la "enorme importancia" de los cuidados y el "margen de mejora" que presenta el modelo de atención en residencias.

"Lo más probable es que las residencias se transformen, evolucionando del modelo "institucional" actual a un modelo "hogar". En paralelo, emergerán nuevas opciones, como las fórmulas de autocuidado basadas en innovaciones tecnológicas (telemedicina, apps, supervisión por Internet, adaptaciones domóticas), la cohabitación con apoyo intergeneracional entre miembros que no sean de la familia, el denominado senior cohousing en sus múltiples formas (viviendas colaborativas, cooperativas, colectivas), o los bancos de tiempo o voluntariado de acompañamiento orientados a evitar la soledad no deseada y fomentar la participación de estas personas en la sociedad", prevé.

Por ello, entre los objetivos del plan recoge ampliar la cobertura y mejorar la calidad del sistema de cuidados de larga duración, elevando su financiación hasta cotas próximas al 2,5% del PIB en 2050, y prestando especial atención a su coordinación con el sistema sanitario, así como reducir el tiempo de espera que existe entre el reconocimiento de la situación de dependencia en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la concesión de las prestaciones.

Además, ve necesario impulsar cambios en las formas de cuidados favoreciendo la elección de la ciudadanía sobre el lugar idóneo de cuidado (domicilio, institución, formas mixtas), fomentando la inclusión de nuevas tecnologías en el hogar de personas con limitaciones en su autonomía, impulsando el desarrollo de nuevas formas de vivienda (tuteladas, viviendas colectivas autogestionadas) y reinventando la atención residencial a modelos más pequeños y modulares, como las unidades de convivencia, con ambientes y entornos más hogareños y personalizados.

El Plan España 2050 diseñado por Moncloa plantea estudiar una posible "herencia pública universal", una dotación económica que todos los jóvenes del país recibirían alcanzada cierta edad y que podría destinarse a adquirir la primera vivienda, crear un negocio o completar la formación. Además, advierte de en lo que va de siglo la diferencia de riqueza que existe entre las personas de 65 años y las de 35 se ha duplicado, asemejándose ya a la que existe en Estados Unidos y también se aprecia un peor funcionamiento del "ascensor social". Se estima que las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España, contexto en el que plantea explorar la idea de esa "herencia pública universal".

Entre las iniciativas concretas plantea crear una nueva prestación por crianza de hijos e hijas menores de 18 años. En un primer momento, señala, esta prestación deberá dirigirse a las familias en situación de riesgo de pobreza que no cumplen los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital y después se ampliaría al resto de familias, como ya se hace en la mayoría de los estados europeos.