¿Te preguntas si tu compañero de oficina cobra más o menos que tú, pero te da vergüenza preguntárselo? Tranquilo. El año que viene podrás saberlo sin problema y sin tener que realizar tan incómoda pregunta. A partir de 2026, las empresas estarán obligadas a revelar información salarial de sus empleados gracias a la implementación de la Directiva UE 2023/970 de la Comisión Europea.

Esta legislación, aprobada en mayo de 2023, tiene como objetivo principal acabar con el secreto salarial, promover la transparencia y reducir la brecha salarial de género, que aún persiste en muchos sectores en Europa. La medida, que duda cabe, marca un antes y un después en la relación entre trabajadores y empresas, garantizando mayor equidad y justicia en el ámbito laboral.

La Directiva UE 2023/970 es una normativa que busca regular la transparencia salarial en todos los países miembros de la Unión Europea. Su aplicación obligará a las empresas a garantizar que los trabajadores tengan acceso a información clara sobre las remuneraciones dentro de la organización.

Existen cuatro puntos clave que regula esta legislación.

Acceso a información salarial

Los empleados podrán solicitar información sobre el salario promedio y mediano de los trabajadores que desempeñan funciones similares en la empresa, con desglose por género. Esta medida busca combatir posibles discriminaciones salariales entre hombres y mujeres.

Eliminación de cláusulas de confidencialidad

Se prohíbe que las empresas impongan cláusulas que impidan a los empleados compartir información sobre sus salarios. Esto refuerza la libertad para debatir y denunciar posibles desigualdades.

Transparencia en las ofertas de empleo

Las empresas deberán incluir en las ofertas de trabajo detalles claros sobre el rango salarial del puesto, evitando negociaciones opacas que perpetúan desigualdades.

Auditorías salariales

Las organizaciones con más de 250 empleados estarán obligadas a realizar auditorías salariales periódicas para identificar y corregir posibles brechas salariales.

La implementación de esta ley representa un avance significativo en la lucha por la igualdad de género y la equidad laboral. Saber cuánto ganan los compañeros que desempeñan funciones similares ayudará a los trabajadores a tener una base sólida para negociar sus salarios y condiciones laborales.

Además, se espera que esta transparencia contribuya a la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que según datos de la Comisión Europea se sitúa en un promedio del 13% en la UE.

Aunque la normativa busca fomentar la equidad, también supone un reto para muchas organizaciones. La obligación de realizar auditorías salariales y garantizar la accesibilidad a información detallada implica cambios en la gestión de recursos humanos y en la estructura administrativa.

Además, las empresas deberán prepararse para justificar posibles diferencias salariales basadas en factores objetivos como experiencia, formación o responsabilidades específicas del puesto.

La transparencia salarial ya es una realidad en algunos países europeos, como Noruega y Suecia, donde los salarios son de acceso público. Sin embargo, en gran parte de la UE, el secretismo sigue siendo la norma. La aprobación de esta directiva pone fin a esa opacidad, estableciendo un marco común que debe ser adoptado por todos los Estados miembros antes de 2026.

Este cambio no solo afecta a grandes empresas, sino también a pequeñas y medianas empresas, que deberán cumplir con las obligaciones de la normativa en función de su tamaño y recursos. Aunque inicialmente las auditorías solo serán obligatorias para empresas con más de 250 empleados, se prevé que esta obligación se amplíe progresivamente a empresas más pequeñas.

Uno de los objetivos centrales de la Directiva UE 2023/970 es reducir la brecha salarial de género. A pesar de los avances en igualdad de género, las mujeres siguen ganando menos que los hombres por trabajos equivalentes en muchos sectores. Según la Comisión Europea, las mujeres deben trabajar 51 días más al año para ganar lo mismo que los hombres en puestos similares.

La normativa busca eliminar estas desigualdades promoviendo una mayor transparencia en las estructuras salariales. Al obligar a las empresas a justificar cualquier diferencia salarial, se espera que las discriminaciones injustificadas desaparezcan progresivamente.

La implementación de esta normativa requerirá tiempo y ajustes, tanto por parte de las empresas como de los Estados miembros. Los gobiernos tendrán hasta 2026 para incorporar las disposiciones de la Directiva UE 2023/970 en sus legislaciones nacionales y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones.

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