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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica en ocho comunidades autónomas afectadas por el temporal Filomena: Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y Navarra.
En este primer acuerdo de declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil no se han cuantificado "con precisión" los daños materiales ni personales, ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Esta es la cuantía de las ayudas por esa declaración, que son complementarias a las de otras administraciones:
- Por fallecimiento: hasta 18.000 euros.
- Por destrucción o daños en viviendas: hasta 15.120 euros.
- Por daños en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros o turísticos: 9.224 euros.
- Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes: resarcimiento total.
- Ayudas a corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a situaciones de emergencias: variable, con posibilidad de llegar al 100 %.
De acuerdo con la legislación vigente, la denominación anterior de zona catastrófica ya no existe. En su lugar, desde 2015, se trata de una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Está regulada por el capítulo V de la Ley del Sistema de Protección Civil.
Según el artículo 23, se entiende por catástrofe "una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad".
La solicitud de 'zona catastrófica' puede ser efectuada por cualquier Ejecutivo regional, siempre que se trate de una "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil". Esta petición se puede solicitar en un plazo de 15 días siguientes al suceso y aprovisiona al lugar de la catástrofe de ayudas económicas, así como ayudas para la población del lugar.
Mediante un escrito, la administración pública que pretende hacer uso de esta figura emitirá un escrito en donde se describa la magnitud de los desperfectos ocasionados; y se deberá presentar un presupuesto, aproximado, que muestre la cuantía económica que de manera provisional pueda subsanar a todos los daños ocasionados.
La solicitud de una "declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", como se conoce oficialmente, se aprueba o se deniega en el Consejo de Ministros tras evaluar los daños tanto personales como materiales que se hayan ocasionado en el lugar.
Sí, y no solo hay precedentes lejanos. El primer Gobierno de Pedro Sánchez ya declaró zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. El primer ejemplo, en octubre del año 2018, se produjo por las inundaciones que azotaron el levante balear. El presidente del Gobierno anunció la declaración de zona catastrófica en su visita a Sant Llorenç, uno de los municipios más castigados.
La declaración de zona catastrófica más reciente se efectuó el 20 de septiembre de 2019 por los siniestros acumulados desde abril de ese año. Se beneficiaron de este estatus los incendios de junio en sierras de Madrid, Tarragona y Toledo; las inundaciones de Orense y Navarra en julio; los fuegos en Gran Canaria en agosto; y las zonas más afectadas por la DANA, entre agosto y septiembre del año 2019.