La tasa de basuras serán obligatorias a partir del próximo abril de 2025, pero la mayoría de los ayuntamientos ya la cobran. Al ser una tasa municipal, los consistorios las aplican de diferentes formas y se paga más o menos, según dónde vivamos. 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizo el importe de la tasa en 56 grandes urbes y ha comprobado la disparidad de los precios.

Para una vivienda de 95 m2, con tres personas empadronadas, un valor catastral de 79.000 euros y un consumo anual de agua de 175 m3 situada en una calle de la categoría fiscal más habitual en cada ciudad, las tasas superan los 150 euros en Barcelona, Gerona y San Sebastián (202,50 euros), mientras que no llegan a los 30 euros en Alicante y Soria (27,60 euros). Es más, hoy en día, en Badajoz, Málaga y Las Palmas no se facturan de forma expresa, probablemente porque se incluyan en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Sin que haya una correspondencia entre el precio cobrado y la satisfacción con la gestión de los residuos.

Esta situación va a cambiar necesariamente el próximo 8 de abril, fecha en que entra en vigor la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular que refleje el coste real de todas las actividades relacionadas con la gestión de las basuras del ayuntamiento: recogida, transporte, tratamiento, mantenimiento de vertederos y campañas de concienciación.

La nueva norma contempla la posibilidad de incluir criterios para personalizar la cuantía de la tasa, basados en el principio de “quien contamina, paga”. Por lo tanto, el importe podría ser diferente a la hora de pagar la tasa si en nuestra localidad es un importe fijo para todos los consumidores, o si varía en función de la calle en la que se encuentra la vivienda, o si hay tarifas diferentes para los usuarios según como separen las basuras. Por ejemplo, los usuarios que separen correctamente sus residuos vayan al punto limpio o participen en programas de compostaje, puedan beneficiarse de reducciones en la tasa: que paguen menos los que generen menos residuos o los separen mejor, incentivará un comportamiento más sostenible, explican desde la OCU.

También está previsto que se apliquen tasas diferenciadas para consumidores en riesgo de exclusión social. Estas tarifas especiales, cuando existen, suelen tener en cuenta los ingresos, o la condición laboral (desempleados, pensionistas), familiar o personal (familias numerosas, discapacidad...) o incluso la ubicación de la vivienda.

OCU solicita a los ayuntamientos que la presumible subida de las tasas más bajas se refleje en una bajada del importe de otras tasas municipales (como el IBI) que hoy por hoy recogen parte de su coste. Y recomienda a los consumidores que consulten posibles reducciones de estas tasas: en muchas ciudades hay bonificaciones para hogares con bajos ingresos, pensionistas, desempleados, discapacitados o familias numerosas.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.