El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que ofrece a los consumidores la posibilidad de resolver conflictos con las empresas sin necesidad de acudir a los tribunales, pero con resoluciones que tienen carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, y de hacerlo íntegramente de forma digital.

A partir de esta iniciativa, presentada por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tal y como señala su departamento, se moderniza el Sistema Arbitral de Consumo para hacerlo más ágil y accesible a consumidores y a empresas.

Con este sistema, la decisión tomada por el órgano arbitral es obligatoria para todas las partes, ya que estas aceptan de forma previa y voluntaria este procedimiento. Su decisión tiene la misma eficacia que una sentencia.

Con este sistema se pueden solventar todas las reclamaciones de los consumidores salvo en algunos supuestos excepcionales que sí requieren de un proceso judicial, como cuando el conflicto se produce a raíz de un caso de intoxicación, lesión o muerte, o si existen indicios racionales de delito.

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