La pandemia de coronavirus está llevando a muchas empresas españolas al borde de la insolvencia. Ante este abismo, los directivos empresariales buscan la mejor forma de salvar a sus empresas y los puestos de trabajo. El Estado ha puesto a su disposición algunas herramientas fiscales y crediticias pero para muchos, el parón económico es una soga que amenaza con terminar de asfixiarlos. Los expertos creen que vamos a llegar a superar los niveles de la crisis de 2008.

El COVID-19 ha supuesto una repentina crisis económica que llevará a muchas empresas, principalmente turísticas, a presentarse en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, pese a las medidas del Gobierno para facilitar la liquidez y tratar de garantizar su continuidad.

En opinión de los expertos, uno de los efectos económicos más visibles de este contexto "sobrevenido" va a ser el aumento de la actividad concursal, que ya desde el último ejercicio venía repuntando después de cinco años consecutivos a la baja.

Una de estas expertas es Elisa Escolà, asociada de Fieldfisher Jausas quien está convencida de que "las insolvencias van a aumentar, y mucho me temo que a niveles de 2008", ya que, asegura, "la del coronavirus es otra crisis global como lo fue, hace doce años, la financiera".

Sergio Gayoso es abogado especializado en procedimientos concursales de Lawyou. Recuerda Gayoso que "la Ley Concursal no está prevista para pandemias sino para situaciones de crisis", por lo que nos podemos encontrar con compañías que puedan sobrevivir a pesar de tener cero ingresos".

Esta salto de la insolvencia inminente a la viabilidad económica se apoyaría, una vez superado el parón decretado al amparo del estado de alarma, "no solo en las medidas de ayuda que ha adoptado el Gobierno sino también en nuevas prospecciones del mercado en el corto plazo, lo que les llevará a entender que su actividad solo puede tender a crecer".

Para este especialista, ahora, "sería precipitado pedir el concurso de acreedores". Mi recomendación, ---añade- es, una vez retomada la actividad empresarial, esperar dos o tres semanas para ver si el negocio mejora. En el caso contrario sí que sería prudente presentar el concurso de acreedores".

Aunque la pandemia está afectando al tejido empresarial en su conjunto, no todos se han visto afectados de la misma forma ni con la misma intensidad. Según Elisa Escolà, mientras "el tejido industrial poco a poco se irá recuperando en cuanto se puedan abrir las fábricas", el principal perjudicado será el sector turístico español, no sólo a nivel de pymes, sino también de grandes compañías, siempre tan dependiente de la afluencia de turistas extranjeros.

"Estamos a las puertas del verano y, este año, la gente se quedará en su propio país. Habrá que potenciar el turismo interno, pero el internacional, que es la principal fuente de ingresos, poco vendrá", resalta la abogada.

Y es que, de cumplirse los presagios, la pandemia conseguiría lo que ni el "Brexit" pudo lograr: romper las rachas de máximos históricos, que casi duraban una década, tanto a nivel de gasto de turistas extranjeros en España, que en 2019 fue de 92.278 millones de euros, un 2,8 % más que el año anterior, como de número de turistas internacionales, que a cierre de diciembre alcanzaba los 83,7 millones, un 1,1 % más, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de un panorama al que es muy complicado enfrentarse a pesar de las ayudas implementadas por la Administración. Para Sergio Gayoso, de Lawyou, las líneas de financiación o los aplazamientos tributarios "van en la misma dirección: dar facilidades crediticias a las empresa en una situación de insolvencia", aunque también apunta a otra vía complementaria que son "los preconcursos o acuerdos de refinanciación".

El letrado de Lawyou cree que "el Gobierno quiere potenciar la posibilidad de acuerdos extrajudiciales. Se trata de los acuerdos de refinanciación que ya están presentes en nuestro ordenamiento jurídico", por lo que en la situación actual, están llamados a tener un gran protagonismo porque lo que te permite es que nadie te pueda llevar a un concurso de acreedores porque eso conllevaría que perdieras el control de tu empresa".

Otra de las ventajas de los preconcursos, como también se les conoce es que "con el acuerdo de refinanciación lo que consigues es abrir un periodo de tres meses con las entidades financieras con el objeto de refinanciar tus deudas para lograr un balón de oxígeno".

Gayoso lamenta que "en nuestra cultura empresarial el que una empresa se declare en preconcurso o concurso de acreedores es un estigma" y "no debería ser así, porque ---añade---. el concurso tiene otra finalidad aparte de la posible liquidación o extinción de la empresa que es la de aprobar un plan de viabilidad y procurar que la empresa y los puestos de trabajo no se extingan".

Su recomendación a los empresarios afectados por esta situación económica es que "antes de ir al concurso han de agotar las posibilidades de financiación de los créditos avalados por el Estado· Unas herramientas que considera "no se quedan cortas en cuanto a la cuantía" aunque reconoce que en algunas ocasiones, "los requisitos que la banca está exigiendo para concederlos pueden ser abusivos en un estado de necesidad".

Elisa Escolà, asociada de Fieldfisher Jausas, también apunta a la necesidad de "paralizar todos los pagos tributarios y de la Seguridad Social" a los empresarios que se enfrentan a esta situación "excepcional", en la que "no se pueden abrir las fábricas ni sus negocios" y se mezcla "la incertidumbre con el riesgo de recibir sanciones o de abonar intereses de demora".

Aunque entiende que "lo que no quiere el Gobierno es que los sectores que no se vean tan afectados dejen de pagar, ya que todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los préstamos de las líneas ICO van a cargo de la caja pública", considera que la "anomalía" que ha traído consigo la pandemia requiere de una medida de tal calibre.

Un extremo en el que coinciden desde la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), que plantea al Ejecutivo el aplazamiento de este tipo de deudas, con concesión automática a un interés cero para las pymes en caso de las de naturaleza tributaria en periodo voluntario, cuyo vencimiento se produzca durante el estado de alarma y en los tres meses siguientes.

Además sugieren, entre otras propuestas, que sólo se puedan devengar intereses ordinarios, y no de mora, a los impagos producidos después de la declaración del estado de alarma, y que se prorroguen aún más los plazos para presentar concurso de acreedores, al menos, hasta septiembre.

Según explica a Efe el presidente de Aspac, Diego Comendador, al demorar "hasta septiembre u octubre" estos trámites "se daría un tiempo a las empresas que sean viables pero que hayan caído en insolvencia por el estado de alarma para que se recuperen por sí mismas, sin ir al concurso".

Aún así, "como va a haber muchas que no puedan recuperarse del todo, el plazo serviría para no acumular de carga a unos ya saturados juzgados".

Mención aparte dedica al desembolso de muchas empresas para implantar sistemas de teletrabajo en tiempo récord; para ellas pide una compensación del 20 %, y es que "aunque las medidas del Gobierno son de aplazar, aplazar, aplazar, pensamos que algo también hay que dar".