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La llegada de 2021 trae de la mano muchas novedades fiscales y también la aplicación de novedades en cuanto a las pensiones, fruto de la reforma llevada a 2013 y de su aplicación progresiva. Estos cambios, vigentes desde el pasado 1 de enero, afectan a los años de cotización que se tendrán en cuenta para calcular la jubilación (ahora 24), a la edad de jubilación y a la jubilación parcial, entre otras cosas. A ello se suma que los pensionistas percibirán en 2021 un 0,9 % más, después de que se estableciera el IPC como indicador de referencia para el incremento anual.
Además, el Gobierno está trabajando en una serie de modificaciones en materia de pensiones que están generando reacciones a todos los niveles y que aún deberán concretarse. Entre otras cosas, se habla de ampliar a 35 años la base de cotización, lo que disminuiría la cuantía total a percibir al jubilarse -que redundaría en una bajada del 6,3% de media en las nuevas prestaciones–.
El Gobierno, que había enviado un borrador a Bruselas, retiró la redacción inicial en el documento remitido a la UE tras la oposición de Unidas Podemos y los sindicatos. Pero la sostenibilidad de las pensiones sigue siendo un agujero negro en el que ningún Gobierno es capaz de dar soluciones a largo plazo. A la espera de futuras decisiones ¿Cómo quedan las pensiones en 2021? ¿Qué cambios podría traer la próxima reforma de las pensiones y cómo lo valoran los expertos?
Una de las novedades de las pensiones en 2021 es el cambio en la edad de jubilación. Los españoles que quieran jubilarse a partir del 1 de enero con el 100 % de su pensión deberán tener ya cumplidos los 66 años y la cuantía se les calculará teniendo en cuenta los últimos 24 años de su vida laboral, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, por la que se eleva progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años.
De esta forma, se continúa retrasando la edad legal de jubilación, mientras aumentan los años computables para el cálculo de la pensión, de acuerdo con la ley aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el consenso del resto de partidos y agentes sociales, que entró en vigor en enero de 2013. El resultado es una reducción del gasto en pensiones, tanto por el aumento de la edad de jubilación como por el hecho de valorar una porción mayor de la vida laboral, lo que puede bajar la media de ingresos del contribuyente.
Un punto que no cambió con la reforma de 2013 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, que se mantuvo en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.
Por otro lado, en el caso de que los trabajadores quieran acceder a la jubilación parcial sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. Si la empresa hace un contrato de relevo para cubrir el tiempo de trabajo que deja de trabajar la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso para la jubilación parcial será de 62 años si se tienen cotizados al menos 35 años y 3 meses, o de 63 años en el caso de que se tengan 33 años cotizados.
En cuanto al incremento de las pensiones en 2021, del 0,9 %, supondrá que las pensiones mínimas contributivas suban entre 2 y 11 euros al mes. En concreto, el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo queda en 851 euros al mes en 14 pagas (frente a los 843,4 euros al mes anteriores); la de sin cónyuge (unidad económica unipersonal) en 689,7 euros (683,5 euros anteriores), y la de con cónyuge no a cargo en 654,6 euros mensuales (frente a los 648,7 euros anteriores).
Además, para los jubilados con menos de 65 años, la pensión mínima con cónyuge a cargo se fija en 2021 en 797,9 euros al mes (790,7 euros anteriores); sin cónyuge en 645,3 euros mensuales (639,5 euros anteriores), y con cónyuge no a cargo en 609,9 euros mensuales (frente a los 604,4 euros anteriores).
Por su parte, la pensión máxima de jubilación se sitúa este año en 2.707,49 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 2.683,34 euros al mes de 2020.
Si estos son los cambios esperados en materia de pensiones de cara a 2021, el Gobierno está trabajando paralelamente en una nueva reforma del sistema de pensiones, que "atañe al recorte de la desgravación fiscal a cambio de elevar la cuantía para los planes de pensiones de empleo”, tal y como explica Giorgio Semenzato, CEO y cofundador de la gestora de patrimonios especializada en inversión pasiva Finizens. A esto se añade la propuesta de ampliar a 35 años la base de cotización para las pensiones.
"Estas actuaciones tienen un impacto directo sobre los ahorradores: en primer lugar, como ha indicado Inverco, es una medida discriminatoria hacia una parte muy importante de la sociedad civil, los trabajadores autónomos”, asegura el experto. Además, "con esta medida se está metiendo tijera al que era hasta ahora el único incentivo que tenía el ahorrador español para poder hacer aportaciones para su jubilación” y, en tercer lugar, "se amplían los años que contarán para el cómputo en un país que presenta unos niveles de paro estructuralmente altos, por lo que tendremos partícipes que simplemente no hayan tenido la ocasión de trabajar (y cotizar) 35 años de sus vidas".
Otro dato clave es que en solo tres de cada diez planes de pensiones se ha realizado al menos una aportación en el último año. Es decir, "actualmente el 70 % de los 7,5 millones de personas que tienen un plan de pensiones en España no están aportando nada, independientemente de su perfil económico. Esto es gravísimo bajo nuestro punto de vista, porque revela que la ciudadanía sigue sin ser consciente de que el sistema público de pensiones en España ni es sostenible ahora ni difícilmente lo será en el futuro, si tenemos en cuenta que, según cálculos del INE, en 2033 uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años y una esperanza de vida de unos 20 años después de alcanzar la edad de jubilación."
En definitiva, la gestora considera que "es probable que el Estado siga pagando pensiones en el futuro, pero con una cuantía sustancialmente inferior y posiblemente insuficiente para mantener nuestro nivel de vida”. "También pensamos que, con cuatro reformas del sistema de pensiones en la última década, el ahorro público para la jubilación se ha vuelto potencialmente inestable. Por tanto, la única certeza que tienen ahora los españoles es la que puede darles su propia capacidad para ahorrar por su cuenta de cara al futuro, ya sea a través de planes de pensiones o de otros vehículos como los fondos de inversión".