No poder afrontar gastos imprevistos o tener que pedir dinero a parientes o amigos son algunas de dificultades económicas que padecen 7,8 millones de personas en España, en situación de inestabilidad laboral grave, por la temporalidad de los trabajos o con empleos informales, según las organizaciones Cáritas y Foessa. Durante la presentación de los informes "Economía Solidaria 2019" y "Vulneración de derechos: Trabajo decente", esas organizaciones han alertado de que casi 2,5 millones de trabajadores pobres están atrapados en situaciones de pobreza relativa y la mitad de los trabajadores tiene una jornada parcial indeseada. En el 16,4 % de las familias, el sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo, lo que llega a afectar a los 7,8 millones de personas que viven en esos hogares.

Pero sobre todo, es especialmente vulnerable la situación de 615.000 personas que subsisten con empleos informales, denuncian las organizaciones católicas, coincidiendo con la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. "Son personas que sufren la máxima expresión de la precariedad laboral al ver pisoteados sus derechos sin poder agarrarse al arbitraje de la justicia ni a coberturas sociales en los periodos menos favorables", ha explicado Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas.

Para la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, "es urgente un cambio de paradigma y la protección del derecho al trabajo y de un modelo de economía basado en las personas; es necesario repartir de una manera más justa el empleo y reconocer el trabajo de cuidados".

La temporalidad en las contrataciones y la corta duración rodean el mercado laboral, ha aseverado el responsable de estudios, quien ha recordado que el pasado mes de agosto, según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6 % de los nuevos contratos fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3 %: de ellos casi cuatro de cada diez tuvieron una duración inferior a siete días. "Son muchas las familias que navegan en un mar inestable, lo que supone alternar tiempo de trabajo con desempleo, el paso por múltiples empresas y que empuja en condiciones extremas a encontrar un empleo informal, sin alta en la Seguridad Social y sin derechos", ha expuesto Flores.

La realidad de ser trabajadores y ser pobres afecta a casi 2,5 millones de personas (13% de los trabajadores), según se desprende de una nueva entrega de la serie 'Focus' de la Fundación FOESSA, que lleva por título 'Vulneración de derechos: Trabajo decente', presentado con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, este 7 de octubre.

Según el documento --que analiza los retos a los que se enfrenta el trabajo decente en la estructura social y económica de España, las condiciones de precariedad que conducen al trabajo indecente y los efectos sociales que se producen cuando el empleo no garantiza una vida digna-- el 13,5% de la población tiene una jornada laboral a tiempo parcial, pero casi la mitad de ellos sufren la parcialidad indeseada.

La temporalidad en las contrataciones y la corta duración es otra de las realidades que azota al mercado laboral español: en agosto de este 2020, y según el Informe del Servicio Público de Empleo Estatal, sólo un 8,6% de los nuevos contratos fueron indefinidos, mientras que los temporales alcanzaron el 56,3% del total firmados en ese mes y, de ellos, el 37,8% tuvieron una duración inferior a 7 días.

El informe también advierte de que la inestabilidad laboral grave alcanza a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde su sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo. Esta realidad afecta al 16,4% de las familias.

Las familias en inestabilidad laboral grave sufren serias dificultades económicas que se reflejan en no disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos (52%) o haberse visto en la obligación de pedir ayuda económica a parientes o amigos (42%).

La fragilidad del espacio básico de seguridad, la vivienda, es otra consecuencia de esta situación, pues 3 de cada 10 familias en inestabilidad laboral grave carecen de dinero suficiente para afrontar gastos relacionados con la vivienda. El informe señala también que la privación del trabajo decente afecta más a aquellos sectores y grupos humanos muy expuestos a la estacionalidad y a las coyunturas socio-económicas, como la hostelería, el turismo o los servicios auxiliares. Al comparar la base de cotización media de la hostelería con la media de los trabajadores del país el resultado es que los sueldos son un 40% más bajos.

En relación al trabajo en el ámbito doméstico, destaca que solo hay registradas 38.274 personas como cotizantes en este sector profesional, lo que indica que buena parte de las trabajadoras (sector altamente feminizado) realizan su labor sin los derechos y la protección que deberían tener. Por otro lado, el salario del personal doméstico es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres.

El documento también pone de relieve que las dificultades para acceder a un trabajo decente son especialmente significativas entre las mujeres y la población de origen extranjero. En el caso de las mujeres destaca la importante desigualdad salarial con respecto a los hombres, que medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 21%.

Asimismo, la población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente. Incluso cuando la situación administrativa es regular, la desigualdad salarial medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 24% entre los trabajadores extranjeros.

Con todo ello, denuncia que los sistemas de protección pública al desempleo no han sabido adaptarse a la mutación que ha tenido lugar en el mercado laboral, recalcando que sólo el 24,8% de los hogares sustentados por una persona en situación de inestabilidad laboral grave reciben algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción.

Un total de 15.368 personas consiguieron un trabajo en 2019 gracias al programa de empleo de Cáritas, según recoge en el informe 'Economía Solidaria 2019' de la ONG, que también ha sido presentado este miércoles. En dicho programa participaron 78.976 personas, lo que significa que el 19,5% logró encontrar un trabajo. El perfil predominante de las personas que participaron en el programa de empleo es el de mujer, de procedencia española, de más de 45 años y con estudios básicos.

El documento también señala que durante el año pasado, se realizaron 1.057 acciones formativas en las que participaron 16.276 personas, y 29.755 personas fueron atendidas por los servicios de intermediación laboral. Junto a ello, 689 personas participaron en acciones de autoempleo.

Además de apoyar a las personas para que encuentren un puesto de trabajo en el mercado laboral, en Cáritas también se promueven iniciativas capaces de generar empleo a través de las empresas de inserción, iniciativas sin ánimo de lucro donde más de la mitad de los trabajadores son empleos de inserción.

En este sentido, a fecha de hoy, Cáritas cuenta en todo el país con 73 iniciativas de economía social, que suponen un total de 1.787 puestos de trabajo, de los cuales 985 son empleos de inserción por los que pasaron 1.353 personas en 2019. Gracias al impulso a la empleabilidad de estas empresas de inserción, 287 personas han encontrado empleo en el mercado normalizado.

Otro ámbito estratégico de la acción de Cáritas en el marco de la economía solidaria es su apoyo al comercio justo, que se concreta en una red estatal integrada por 33 tiendas y 114 puntos de venta, que el año pasado facturaron casi 582.000 euros. Además, se llevaron a cabo 520 acciones de sensibilización entorno al consumo responsable, el comercio justo y las finanzas éticas. Este trabajo a favor de la creación de empleo decente se apoya en el compromiso activo de 3.184 voluntarios y 984 contratados.

En términos económicos, la inversión total destinada por las 70 Cáritas Diocesanas de toda España a sus recursos y proyectos de empleo y economía social en 2019 fue de 45.857.329 euros. De estos, 31.219.095 euros se invirtieron en los programas de empleo, 482.596 euros en actividades de comercio justo y 14.155.638 euros se destinaron a las iniciativas de economía social.