La etapa de austeridad ha acabado. En medio de la tormenta perfecta de la pandemia el Gobierno apuesta por el mayor gasto de la historia para "poner a disposición del conjunto de las administraciones públicas todas las herramientas posibles para hacer frente a la emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, permitir una flexibilidad fiscal que permita impulsar la recuperación económica y social". Esa es la idea del Gobierno que quiere confrontar con los recortes del Gobierno en 2008. Cuenta para ello con el as en la manga del dinero aportado por Bruselas.

El gobierno deroga la ley de estabilidad presupuestaria como está previsto en la Constitución en caso de pandemia y aprueba el techo de gasto con lo que ahora se da luz verde al intento de pactar los presupuestos que intentará presentar este mismo mes. Para ello necesitará llegar a un acuerdo con los partidos que dieron a Sánchez a la presidencia con Ciudadanos de muleta añadida si se convence de ello a Podemos por si los partidos independentistas no se suman.

Lo que es una realidad es que 2020 va a ser un año catastrófico. El Gobierno empeora sus previsiones económicas para el 2020, pero ha mejorado ligeramente las relativas al 2021, en comparación con las proyecciones realizadas a finales de abril, en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas. El Gobierno prevé ahora que la economía española se hundirá el 11,2% en el 2020 (frente a la caída del 9,2% estimada en abril).

Sin embargo prevé un repunte para el 2021 del 7,2%, ligeramente por encima de la estimación anterior, del 6,8%, gracias al efecto reactivador que el Ejecutivo concede al Fondo de Reconstrucción Europeo asignado a España para los próximos años. Calviño espera un incremento del consumo privado del 8,3% y un ascenso del consumo público del 0,5%. La inversión avanzará un 7,2%, con importantes incrementos de las exportaciones (+11,7%) y de las importaciones (+8,6%). Así, el empleo el próximo año repuntará un 5,6% y la tasa de paro se reducirá al 16,9%, apenas dos décimas menos que lo estimado para este año (17,1%). Para el próximo año, la tasa de paro se situaría en el 16,9%, también algo mejor que el 17,2% previsto inicialmente.

Calviño ha hablado de una evolución de V asimétrica y su esperanza es que en 2022 la economía se recupere para lo que considera necesario tener unos presupuestos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo cuadro macroeconómico, de previsiones, que debe acompañar al proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021, y que sirve de base para la estimación del techo de gasto de las cuentas del año próximo, que también ha sido aprobado este martes.

Las nuevas previsiones del Gobierno están en línea con la última proyección del Banco de España, que ha estimado una caída del PIB de entre el 10,5% y el 12,6% a finales de 2020. El Gobierno deroga la senda de estabilidad y aprueba el techo de gasto. "Sigue esta idea las directrices de Europa y amparada por la Constitución que lo autoriza en casos de pandemia y emergencia extraordinaria". El déficit se amplía al 11,3%, aunque el Gobierno quiere reducirlo en más de tres puntos para 2021 hasta el 7,7% del que la Administración será . "Se va hacer sin recortes como sí ha ocurrido con Gobiernos anteriores, se hará con justicia social con consolidación fiscal. La Administración Central será la que asuma el mayor coste de la pandemia. El Estado asumirá más de 31.000 millones del déficit para lograr reducirlo en 2021. 13.486 millones de transferencias a las Comunidades Autónomas y el resto de la Seguridad Social para dejar su déficit en el 1,3%.

El límite de gasto homogéneo será un 7,2% más alto que en el pasado ejercicio y ascenderá a 136.779 millones de euros. El de las transferencias a las CCAA y la seguridad social lo eleva a 168.661 millones de euros lo que eleva el gasto en un 32,2% a lo que se suman los fondos europeos (27.436 millones de euros) hasta llegar a los 196.097 millones de euros lo que incrementa el techo de gasto en el 53,7%. Estos últimos no contarán como déficit pero sí como deuda.

Calviño aseguró que la recuperación de la economía española "está en marcha", si bien admitió que se trata de un "impacto muy diferenciado" entre los diferentes sectores, con una recuperación más lenta en el turismo, el transporte o la hostelería, y en algunas comunidades muy dependientes del turismo, como Canarias o Baleares. Según Calviño, esta singularidad de España, con un mayor peso en el PIB de estos sectores, explica el "peor comportamiento relativo" de la economía española, a lo que se une otro "elemento de vulnerabilidad", como es el pequeño tamaño de las empresas españolas, con un menor músculo financiero.

Lo que no ha sucedido en esta crisis, según Calviño, es la destrucción masiva de empleo que ha sucedido en otras recesiones anteriores, gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, como los ERTEs. Sin ellas, Calviño aseguró que el PIB podría haberse desplomado un 25%, con la destrucción de más de 3 millones de empleos.

En este sentido, la vicepresidenta aseguró que las medidas movilizadas por el Gobierno han alcanzado el 5% del PIB, mientras que los apoyos a través de las líneas de liquidez han superado el 15% del PIB, al tiempo que los conocidos como 'estabilizadores automáticos', en términos de mayores prestaciones por desempleo o caída de los ingresos, han supuesto entre el 4,5% y el 5% del PIB. "La respuesta de España está en sintonía con los principales países del entorno, la financiación movilizada en España es de las más elevadas en términos de PIB", reiteró Calviño, quien indicó que en las zonas donde más rebrotes se producen y más restricciones, la economía se resiente, por lo que afirmó que "salud y economía van de la mano".

En cuanto a la deuda, la vicepresidenta tercera ha explicado que cerrará 2020 en el 118% del PIB por las medidas adoptadas para afrontar la crisis provocada por la pandemia, "un salto de 20 puntos" que, sin embargo, no supondrá la emisión de deuda adicional sobre lo ya previsto. De hecho, Calviño ha señalado que en los próximos días se analizará la posibilidad de reducir las emisiones de deuda en lo que queda de año. "Veremos en qué medida podemos reducirlas", ha apuntado.

Para 2021, el crecimiento del PIB previsto por el Gobierno se sitúa en el 7,2% por la recuperación del consumo privado y una mejor evolución del empleo a la estimada anteriormente. Sin embargo, este crecimiento podría elevarse entre dos o tres puntos más, hasta el entorno del 9,8%, por efecto del Plan de Reconstrucción que presentará esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho plan, ha explicado Calviño, tendrá un "impacto importante" en el consumo público privado, en la inversión y en el empleo, por lo que ha considerado "absolutamente importante" ejercitar las inversiones previstas en el Plan de Reconstrucción "lo antes posible". "Por eso es importante aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado, para incorporar en ellos todas esas inversiones", ha añadido.

En todo caso, la vicepresidenta ha advertido de este escenario "inercial" está sujeto a una "elevada incertidumbre" y puede verse afectado por "un conjunto de riesgos", entre ellos el Brexit, las tensiones comerciales y la propia evolución de la pandemia. En este punto, ha subrayado la importancia de atajar los brotes, porque cuando se atajan, "el impacto económico se puede minimizar rápidamente". Otro riesgo, ha añadido, es que el impacto transitorio del Covid se convierta "en algo más estructural", pero ha precisado que para evitarlo se han ido tomando muchas medidas de protección desde el Gobierno.

"Las medidas adoptadas desde marzo, con un alto coste, han permitido amortiguar el impacto económico y social de la pandemia (...) Todas las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento en 2021, al que se le puede dar un impulso adicional si adoptamos el plan de inversiones y de reformas", ha destacado Calviño, que ha añadido que en 2022 "se recuperarán los niveles previos" al estallido de la pandemia.

El PP ya ha respondido y ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Congreso para aclarar si, una vez que el Gobierno ha decidido dejar sin efectos los objetivos de estabilidad y de deuda pública de 2020 y 2021 y no aplicar la regla de gasto para esos ejercicios, la Cámara Baja debe pronunciarse sobre esa decisión.

Desde el PP apelan al artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad que establece que "excepcionalmente, el Estado y las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social".

Estas circunstancias para permitir incurrir en déficit estructural, según el citado artículo, deben ser "apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados" y a eso es a lo que se agarra el PP para solicitar que se someta a votación la nueva fórmula de la senda de déficit, según explican fuentes del partido.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha subrayado que el Gobierno tiene "la obligación y la responsabilidad constitucional de trasladar al Congreso esta información", y le ha acusado de "hurtar el control parlamentario a la senda de estabilidad", una idea con la que ha coincidido su homólogo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha acusado al Ejecutivo de "incumplir" la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

"No todo vale para permanecer en el Gobierno", ha advertido la dirigente 'popular', quien también ha denunciado que el Ejecutivo incumple la Constitución en lo que se refiere a los plazos para la tramitación de los Presupuestos.

Preguntado sobre la necesidad de que el Congreso vote sobre la suspensión de la regla de gasto, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha respondido que, desde su punto de vista, es "obvio" que ésta ha quedado en suspenso tras el mandato de Bruselas, con lo que ha puesto en duda que votar esa circunstancia "sirva para algo". "No estamos para perder el tiempo en este momento", ha apostillado.

Por otra parte, antes de que el Gobierno hiciera público el nuevo cuadro macroeconómico, Gamarra ha rechazado el "triunfalismo" que achaca a los socialistas y ha afirmado que "no hay presupuestos expansivos que puedan maquillar que la economía real española está marcada por el paro, la destrucción de empresas y la incertidumbre".

También les ha recriminado que pretendan "confundir" al presentar unas cuentas "expansivas" como la solución a los problemas de los españoles cuando, a su juicio, éstas deben ir acompañadas de una "agenda reformista para la recuperación" y una "correcta planificación de los proyectos y de su ejecución". "En esto el Gobierno carece de agilidad y diligencia, y eso es un mal síntoma", ha avisado.

Además, ha dado por hecho que, si antes se negociaban "obras por presupuestos", ahora se ha pasado a un planteamiento de "presos por presupuestos" porque las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez no se rigen por las políticas presupuestarias, sino por "pactos ocultos al margen de la Cámara" que "rompen todas las líneas de la ética política".