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El Gobierno anunció el mes pasado una inversión de 6.820 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana para los próximos tres años, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea.
La previsión de este plan es realizar 500.000 actuaciones de rehabilitación hasta 2023 y alcanzar las 300.000 viviendas anuales rehabilitadas para el año 2030. Además del impacto económico que representará por la creación de empleo, los fondos destinados a la rehabilitación de viviendas permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 650.000 toneladas al año, es decir, una reducción media del consumo de energía no renovable del 40% del total.
A todo esto también se sumará, el impacto social, que se traducirá en una reducción de la pobreza energética, en abaratar el coste de servicios energéticos básicos, mejorar los entornos rurales o en una mayor integración social, así como en una repercusión sobre el sector de la construcción, al apoyar su industrialización, digitalización, el mejor tratamiento de residuos o en la formación de capital humano de las empresas.
A los 6.800 millones de euros dedicados a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana se unirán los más 1.000 millones destinados a la política de vivienda de alquiler social, acumulando un total de casi 8.000 millones dirigidos al sector de la construcción.
El plan plantea subvenciones y deducciones tanto a nivel barrio como de edificio y vivienda, así como ayudas a las comunidades autónomas para instalar oficinas de rehabilitación que atiendan a los vecinos interesados en llevar a cabo una rehabilitación.
El principal objetivo es rehabilitar los edificios para convertirlos en más sostenibles, mejorando la eficiencia energética. Así, se ofrecerán ayudas para, por ejemplo, cambiar las ventanas, una actuación que puede obtener financiación del 40% al 50% de la inversión, ya que el retorno de la misma es más rápido. En inversiones más importantes, como la instalación de paneles solares, las ayudas pueden rondar del 70% al 100%.
Y a las ayudas directas hay que sumarle las deducciones fiscales, que pueden alcanzar el 60% en intervenciones sobre elementos comunes de los edificios y será del 20% de la inversión en el IRPF si se reduce un 7% la demanda de calefacción o del 40% si las obras consiguen reducir un 30% el consumo u obtener la clase energética 'A' o 'B'.
El objetivo del Plan es rehabilitar hasta medio millón de viviendas para 2023 con estos fondos, que se repartirán, un 70% para las comunidades de propietarios, y el 30% restante para la rehabilitación de edificios públicos, que se repartirá entre la Administración General del Estado, los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Estas ayudas están destinadas, sobre todo, a las viviendas multifamiliares, por lo que tendrán que ser solicitadas por las comunidades de propietarios. Las ayudas podrán destinarse tanto a realizar obras específicas en edificios como a rehabilitar barrios completos. Las cantidades dependerán del coste, el ahorro energético que aportarán y también por el nivel de ingresos de los vecinos solicitantes. Los barrios con mayor exclusión social podrán beneficiarse del 100% de las inversiones.
Está previsto que el Plan se ponga en marcha antes de este verano y serán las Comunidades Autónomas las que lo pondrán en marcha, publicando sus requisitos y plazos.