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El Congreso ha dado luz verde a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital sin ningún voto en contra. Todo un éxito para el Gobierno de Sánchez e Iglesias, no en vano, estamos ante una de las medidas estrella del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Se trata de una "renta o subsidio mínimo vital transitorio para paliar los efectos económicos del coronavirus entre los sectores menos favorecidos". Algunos expertos defienden que permanezca en el tiempo aunque los beneficiarios lo sean de forma temporal.permanezca en el tiempolos beneficiarios lo sean de forma temporal.
Con 297 votos a favor, 52 abstenciones, VOX finalmente se abstuvo, el Congreso aprobaba el Ingreso Mínimo Vital. Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia a petición de varios grupos parlamentarios, entre ellos el Popular.
El Gobierno ya ha habilitado una web para que los ciudadanos puedan informarse y solicitar esta renta básica "que ofrece recursos mínimos a familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social".
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, han incidido en que este ingreso mínimo fomentará la búsqueda de empleo ya que no retrotraerá la ayuda recibida.
Escrivá ha explicado que aquellas personas que no trabajen cobrarán este IMV, que llegará a una media anual de 4.400 euros, pero que también podrá ser compatible con un trabajo a tiempo parcial.
"Es un incentivo muy útil. Incluso los que quieran trabajar alguna horas más y si excede el ingreso mínimo, lo podrán compatibilizar este exceso durante cierto tiempo", ha añadido.
Según las estimaciones del Ministerio de la Seguridad Social, sumado el IMV y las rentas que puedan tener los beneficiarios, se garantiza una renta media anual de 10.070 euros.
Por otra parte, ha explicado que esta ayuda reducirá el 80 % de la pobreza extrema para rentas de menos de 2.950 euros anuales, que representa a más de 1 millón de personas, y la reducirá en un 70 % para las que van de los 2.950 a los 4.350 euros anuales, que son 550.000 personas.
Escrivá ha resaltado la importancia de que este ingreso no sea una prestación estática, sino que vaya evolucionando según las capacidades de conseguir ingresos de cada familia y hogar.
El objetivo es que los hogares que se han identificado puedan pasar a un "estado mejor en la sociedad" y que el ingreso mínimo les apoye como un elemento para incorporarse en itinerarios de inclusión y laborales.
Se trata de que en los hogares en los que se trabajan por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior.
En este sentido, Escrivá también ha anunciado que la Ley prevé un "sello social" para reconocer a aquellas empresas que ayuden a estos colectivos que deben solicitar el ingreso mínimo a que se integren en el mercado de trabajo, incluso -ha dicho-, los beneficiarios tendrán incentivos a la contratación por el lado de la Seguridad Social.
Los solicitantes no tendrán que haber cotizado con anterioridad a la Seguridad Social y los importes a percibir son los siguientes:
Familias monoparentales:
Familia compuesta por dos adultos:
Para un solo adulto:
Económicos:
Patrimonio:
Edad:
Otros:
Se trata de una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.
El 16 % de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer.
Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo.
Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde 18 años si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España.
El IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluidas las salariales) y el umbral fijado para ese tipo de hogar.
Iglesias ha explicado que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada "trampa de la pobreza", situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social.
Además de analizar las rentas, el IMV también hará un test de riqueza para comprobar que el beneficiario no supera un determinado umbral de patrimonio, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual.
Se trata de evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario.
En este sentido, se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia y parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros.
El IMV garantiza un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos que será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.
La ayuda está ligada a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión vinculadas a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, en tanto que incorporarán incentivos al empleo.
De esta forma, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación.
Según ha explicado el vicepresidente, si alguien que está cobrando el IMV consigue ganar 100 euros más al mes, "no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos".
Los potenciales beneficiarios tendrán que solicitar el IMV preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.
El Gobierno trabaja en la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos o con la ayuda de las entidades del tercer sector.