El Gobierno ha planteado a sindicatos y ONG la puesta en marcha de forma urgente una renta mínima vital provisional que proteja a las personas más vulnerables y que denomina como "ingreso mínimo vital (IVM) puente" hasta que pueda articularse una medida permanente, según ha asegurado en un comunicado la Vicepresidencia de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.

Así, señala que el vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han mantenido este jueves sendas reuniones con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, y con las organizaciones del Tercer Sector Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector.

El Ejecutivo reconoce que las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional que requiere el desarrollo del IMV podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación. Por ello, defiende la conveniencia de poner en marcha, con carácter urgente, un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis.

En todo caso, asegura que el Gobierno de coalición mantiene su compromiso, incluido en el programa de Gobierno, de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter permanente.

Sin embargo, señala que la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto que es necesario actuar ya para que las personas vulnerables no queden atrás en esta emergencia. Por tanto, el Gobierno quiere aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo y "complete así el escudo social que está construyendo el Gobierno para que nadie quede desprotegido en esta crisis".

"Todas las entidades asistentes a ambas reuniones, tanto sindicatos como organizaciones del Tercer Sector, han mostrado su total apoyo a esta medida extraordinaria, al tiempo que comparten la necesidad de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente a la mayor brevedad", asegura la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Asimismo, añade que el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha podido constatar, mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida. En este sentido, apunta que el vicepresidente ha intercambiado documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto.

Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector, de la que forman parte 30.000 ONG ha confirmado este jueves su apoyo a la renta social extraordinaria que ultima el Gobierno pero ha reclamado que el nuevo salario social extraordinario se pueda convertir en una renta mínima vital estable y duradera, que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un derecho subjetivo a la protección y garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital.

"La gravedad del momento urge a una acción decidida del Gobierno para asegurar el suelo vital y que no nos vuelva a ocurrir como en la anterior crisis", ha subrayado Poyato.

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha insistido en que ese ingreso mínimo vital a nivel estatal tenga en cuenta de manera reforzada a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, como sucede con otras muchas prestaciones sociales.

Durante la reunión, el CERMI ha agradecido al Gobierno que la discapacidad haya sido tenida en cuenta como operador de este diálogo y ha puesto en valor que, "tras décadas de esperas y omisiones, se está "acariciando" la garantía de un ingreso mínimo en el Estado, "que no existía, más allá de medidas autonómicas insuficientes".

Igualmente, ha insistido en que, aunque para hacer frente a la "grave situación social" ocasionada por la pandemia se aprueben medidas especiales, la regulación de la renta mínima estatal "debe tener vocación estructural y de permanencia" y que debe estar dentro de la Seguridad Social "con carácter de derecho subjetivo".

Por último, el CERMI ha sugerido al Gobierno que las entidades sociales puedan ser declaradas como colaboradoras en la gestión de esta nueva prestación social, a fin de que pueda llegar a personas que están "alejadas" del día a día de las administraciones públicas.