España avanza a pasos agigantados hacia una sociedad longeva, con una elevada esperanza de vida, pero también con más gastos. En la actualidad, es el cuarto país más longevo del mundo, pero en 2040 la situación cambiará y pasará a tener la esperanza de vida más elevada con 85,8 años de media. Superará, incluso, a Japón y la generación baby boom será la mayoritaria en el país.
Ser un país en el que predominan las personas de más de 60 años, sumado a las bajas tasas de natalidad, demuestra el gran problema demográfico al que se enfrenta España y que queda recogido en un informe elaborado por el Institute for Health Metrics and Evaluation. De hecho, ya predijeron que en 2030, la esperanza de vida de los españoles alcanzaría los 84,4 años.
En España, el 80% de las personas centenarias son mujeres, un porcentaje amplio, pero algo menor que en otros países, donde ellas llegan al 90-95%. Sobre la distribución geográfica, hay más ancianos en aquellas zonas donde la esperanza de vida es mayor y las condiciones de vida son mejores. Según los datos que maneja en la Universidad Pablo Olavide, en Castilla y León se concentra el mayor número de centenarios del siglo XX.
Es evidente que en España la dieta mediterránea, las condiciones climatológicas óptimas, las ayudas económicas y el sistema sanitario son una serie de factores que influyen muy positivamente en el bienestar poblacional.
La población española es la que envejece con mayor rapidez (4,3 años) superada únicamente por Portugal (4,7 años). Una situación que publica especialmente a las arcas públicas del Estado que, lejos de contener el gasto, siguen invirtiendo más en pensiones y dando menos ayudas a los jóvenes, que son los que tienen que mantener el techo contributivo en el país.
La pensión media del Sistema de la Seguridad Social, según datos oficiales, fue de 1.256,7 euros en agosto, un 5,1% más que en 2023. Pese a que en la media se incluyen las cuantías de las diferentes clases de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), sigue siendo una cifra demasiado elevada. En septiembre, el gasto en pensiones fue de 12.855,21 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 6,67% con respecto al mismo mes de 2023.
La evolución demográfica deriva también en un aumento de la dependencia. En España existen tres niveles (moderada, severa y gran dependencia). En concreto, es el primer país en materia de dependencia y el segundo en longevidad. No obstante, tener una población con una esperanza de vida mayor no se asocia a tener mayor salubridad.
Actualmente, en España, 35.000 personas están pendientes de una plaza residencial y son grandes dependientes o dependientes severos. Sin embargo, el número de personas que forman parte de la lista asciende hasta las 400.000.
A finales del mes de julio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, presentó una nueva propuesta en el Consejo de Ministros que implicaba repartir más de 783 millones de euros entre las Comunidades Autónomas (salvo País Vasco y Navarra, exentas por sus regímenes fiscales) y Ceuta y Melilla.
De este modo, Andalucía es destinataria del 18,2%, seguida de Cataluña (13,8%), Madrid (13,1%) y Castilla y León (10%). El resto de CCAA se reparten del siguiente modo: Aragón (5,1%), Asturias (3,2%), Baleares (2,2%), Canarias (3,2%), Cantabria (1,8%), Castilla-La Mancha (5,3%), Comunidad Valenciana (8,8%), Extremadura (3,1%), Galicia (6,3%), Murcia (2,5%), La Rioja (2,3%), Ceuta (0,02%) y Melilla (0,02%).
Entre 2021 y 2022, en España fallecieron 45.360 personas que estaban en las listas de espera, lo que se traduce en que más del 40% estaban pendientes de conocer qué grado de dependencia se les había valorado. Todo ello queda recogido en el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Las listas de espera en España tienen un plazo medio de seis meses, siendo Castilla y León y País Vasco las únicas que las cumplen.
Ya en julio de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez emitió un decreto en el que se acordaba la elevación de la cuantía de las ayudas a la dependencia y horas de asistencia domiciliaria. Las cantidades asignadas dependen directamente de las comunidades autónomas que deciden el importe final en base a unos máximos estatales y a los ingresos prefijados.
Para las personas valoradas como dependientes de grado I, la cantidad mínima se ha establecido en 100 euros mensuales. En el caso de las personas grado II, la ayuda mínima asciende a 150 euros y, para los de grado III, a 200 euros.
Si no se tiene en cuenta el factor económico, los sociólogos definen al envejecimiento como uno de los mayores logros de la humanidad. De hecho, en España, quien fallece antes de los 70 años se considera que ha muerto demasiado joven.
A los efectos e impactos económicos de la vejez se le suma la escasa natalidad. En la actualidad, en España nacen menos de 900 bebés al día, lo que supone la cifra más baja desde que hay datos, superada ligeramente por la del mismo período de 2021. El país necesita dar un giro drástico a su sistema de pensiones y a la gestión económica de las nuevas generaciones. De lo contrario, tendremos una sociedad demasiado anciana y una juventud, que pese a su formación, será incapaz de sostener las arcas públicas nacionales a corto-medio plazo.
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