En algún momento, todos hemos tenido la posibilidad de adquirir algún producto falsificado. Basta con pensar en el clásico mercadillo de domingo, con hileras de puestos ambulantes donde se ofrecen todo tipo de prendas que imitan a las de las principales marcas de moda, o una de las muchas webs donde se ofertan productos con el aspecto de originales a precios mucho más baratos. Están ahí, es fácil acceder a ellas, y se han integrado tanto en nuestros hábitos de consumo que quizás tengamos que pararnos a pensar cómo es posible que hayamos aceptado tan fácilmente que no exista penalización social por comprar imitaciones.

En cifras, el escenario no es especialmente favorable para las marcas. Según el Barómetro de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en el año 2022 casi un 40% de los jóvenes europeos de entre 15 o 24 años adquirió algún producto falsificado. Después de Bulgaria, somos el país de la Unión que más productos de este tipo adquiere. Pero, ¿qué consecuencias legales tiene para los falsificadores? ¿Y para quienes compran?

En España, la comercialización de productos falsificados se considera una infracción grave contra los derechos de propiedad industrial, tanto los de las patentes como las marcas registradas. La ley castiga tanto la producción como la distribución y la venta, con penas que pueden incluir multas y, en casos graves, entre 6 meses y 4 años de prisión. Esta infracción está regulada por la Ley de Marcas y el artículo 247 del Código Penal, que establece sanciones para quienes “con ánimo de lucro y en perjuicio de un tercero, reproduzcan, imiten o alteren una marca registrada sin consentimiento de su titular”.

En el lado de la balanza que afecta a los compradores, nuestra legislación muestra algunas diferencias con países vecinos como Francia. Allí, la compra de estas imitaciones a sabiendas de que existe un delito implica, como mínimo, una multa. Como explica para COPE la inspectora de la Unidad de Delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual María Cirre, en un artículo de 2023, nuestras leyes son más laxas. No criminalizan de manera explícita la compra de productos falsificados. "No se pena la compra para uso personal”.

Evidentemente, la ausencia de delito no borra las consecuencias éticas y el daño que se le hace a las marcas, y eso debería bastar que pensáramos dos veces antes de dar el paso y adquirir un reloj que imita a un modelo de lujo, unas zapatillas idénticas a las de cierta marca de prestigio o cualquier otra bagatela con el aspecto de la original. Este pequeño gesto tiene un alcance mucho mayor del que pensamos. Un solo comprador representa una cifra ridícula; muchos, un golpe a la mandíbula del sector. Hablamos de consecuencias tan intangibles, pero reales, como reducir la competitividad de las empresas que invierten en innovación y calidad; comprar productos de calidad inferior, sin ninguna garantía para la salud y la seguridad de quien se hace con ellos; o una menor recaudación fiscal.

Según otro informe de EUIPO, el valor de las ventas perdidas en la UE debido a la falsificación y la piratería asciende a más de 83 mil millones de euros anuales, lo que representa el 7,4% del total de ventas en los sectores más afectados. En España, se estima que las pérdidas ascienden a unos 6,8 mil millones de euros al año. Afectan a más de 50.000 empleos directos en diversas industrias, desde la moda hasta la electrónica.