La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, han acordado este miércoles derogar el despido automático por incapacidad permanente.

Así, han firmado el acuerdo para la protección frente al despido automático de las personas con incapacidad permanente, como señala el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, actualmente en vigor.

Según han precisado desde el departamento de Díaz, el texto señala el "pleno compromiso" del Gobierno "con la defensa y desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad, la eliminación de las desigualdades y la discriminación y su integración real en todos los ámbitos de la sociedad" y permitirá derogar como causa de extinción automática de la relación laboral el reconocimiento de incapacidad permanente a una persona trabajadora.

El acuerdo firmado con CERMI se suma a los alcanzados en materia de incentivos o en la elaboración del Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad. Además, también se adoptaron medidas para favorecer la contratación de personas con capacidad intelectual límite fruto del trabajo conjunto.

"Lejos de cualquier afán de autocomplacencia o triunfalismo, consideramos esta etapa de gobierno como decisiva para completar las pautas estructurales de crecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral" ha señalado la vicepresidenta segunda.

Por su parte, Pérez Bueno, ha indicado que, en la actualidad, nacen menos niños con discapacidad, y la discapacidad sobrevenida se presenta "más de modo disruptivo y traumático, inesperado que sacude las vidas, las propias y las del entorno inmediato". Por ello, ha calificado este acuerdo para promover y desarrollar la iniciativa legislativa de protección frente al despido automático de personas con incapacidad permanente como "histórico".

La coordinadora del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, María José Romero, ha declarado que esta iniciativa legislativa responde a una de las numerosísimas peticiones de este documento y, por lo tanto, constituye "una gran oportunidad y es un buen ejemplo para que todas las personas tengan el mismo espacio social". También, Romero ha resaltado durante su discurso las voces de la sociedad civil en todas sus formas representativas.

Además, en este acto han estado presentes otras autoridades, concretamente, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey; y el director general de derechos de las personas con discapacidad Jesús Martín.

En la actualidad, un 35,3% de personas con discapacidad forman parte de la población activa y suponen el 1,58% de las personas afiliadas a la seguridad social, según Trabajo, que señala que en 2014 había 191.666 personas trabajadoras con discapacidad, una cifra que hoy en día se ha incrementado en un 70%.

El ministerio añade que este colectivo también sufre la brecha de género en la afiliación: hay un 58,42% hombres frente al 41,58% de mujeres, por encima de la desigualdad en la afiliación en general.

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