El Gobierno ha aprobado un decreto ‘anticrisis’ que elimina las comisiones bancarias por sacar dinero en ventanilla a las personas mayores de 65 años y a las que tienen una discapacidad de al menos el 33%. Esta medida, que entra en vigor el viernes 29 de diciembre, se publicó el pasado miércoles en el BOE y cambia el artículo 35 del Real Decreto-ley 19/2018, sobre servicios de pago y otras cuestiones financieras urgentes.

El objetivo de esta iniciativa es adaptar la normativa financiera para proteger mejor a los colectivos más vulnerables. El decreto resalta el valor del efectivo, que usan el 74% de las personas mayores de 65 años en sus operaciones, y los problemas que tienen algunos grupos para acceder a los cajeros automáticos, por falta de accesibilidad física o por la brecha digital.

Esta medida cuenta con el apoyo del Banco de España, que en su informe de 2023 sobre la accesibilidad presencial a los servicios bancarios en España reconoce la vulnerabilidad de las personas de edad avanzada y con escasas capacidades digitales en cuanto al acceso al efectivo.

El decreto también se refiere al Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, firmado en julio de 2021, que remarca la necesidad de ofrecer servicios en ventanilla a los colectivos vulnerables, como la retirada de efectivo, en horarios más amplios. Se señala que las comisiones por el uso de la ventanilla influyen en el uso de los cajeros automáticos por parte de la clientela mayor o con necesidades especiales.

Los representantes de los usuarios bancarios y de las personas mayores han denunciado el cobro de comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla como uno de los principales obstáculos para su inclusión financiera.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado esta medida, que responde a las reivindicaciones conjuntas de los sectores asociativos de personas mayores y con discapacidad, que han pedido medidas de protección reforzada frente a la exclusión financiera.

Junto con esta medida, la extensión parcial del llamado ‘escudo social’ prohíbe cortar por impago los suministros básicos de luz, agua y gas natural a los consumidores vulnerables. También se aplicarán rebajas en el bono social eléctrico y se mantendrá la eliminación del IVA del 4% en alimentos de primera necesidad, así como la reducción del 10% al 5% en el aceite y la pasta, hasta el 30 de junio de 2024.

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