La huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), finalizada el 27 de marzo al llegar a un acuerdo, ha afectado con retrasos en especial a los procedimientos judiciales relativos a los accidentes de tráfico y a las consiguientes indemnizaciones.

Son los LAJ quienes emiten los mandamientos de pagos y transferencias de las indemnizaciones a favor de los perjudicados una vez se ha dictado sentencia. Tal y como explica Marc Gatius, abogado especialista en accidentes de tráfico de Calculatuindemnizacion, durante la huelga no se han emitido mandamientos de pago ni transferencias de indemnizaciones que estaban ganadas desde hace meses.

El parón también ha influido en la admisión de nuevas demandas y en la audiencia a las partes en juicios. Estos hechos han dilatado notablemente la posibilidad de los perjudicados de accidentes de tráfico a reclamar por sus daños. No está previsto que los próximos meses sean favorables para las víctimas de accidentes de tráfico, ya que los LAJ todavía tienen que ponerse al día con los procedimientos anteriores y con los nuevos iniciados durante la huelga.

Dicha situación contribuye negativamente a los perjudicados, que arrastran las posibles lesiones del accidente y el estrés de no saber cuándo cobrarán. El escenario puede empeorar en caso de no contar con un abogado especializado, tal y como indica Víctor Climent, CEO de Calculatuindemnizacion.

Tras un accidente de tráfico, es imprescindible recibir asistencia médica antes de que pasen 72 horas desde el siniestro para contar con un primer diagnóstico, a pesar de que existen lesiones, como el latigazo cervical, que en los primeros momentos pueden no presentar síntomas. Además, este informe es un requisito ineludible para poder exigir a las compañías aseguradoras que cubran los costes sanitarios que devengan del tratamiento posterior que necesite el afectado.

“La falta de informes médicos específicos y detallados sobre la lesión sufrida es la lucha que más desgasta a diario tanto con los centros médicos como con las compañías aseguradoras. Igualmente, la falta de daños materiales en los vehículos puede dificultar una reclamación en lesiones como el esguince cervical”, explica Marc Gatius, abogado especialista en accidentes de tráfico de Calculatuindemnizacion (una startup legaltech con sede en Barcelona, nacida con el objetivo de transformar la relación entre el cliente y el operador jurídico, especialmente en la gestión de indemnizaciones vinculadas a accidentes de tráfico).

El plazo para reclamar la indemnización es de un año desde la fecha del alta médica. Una vez comunicado al seguro del causante, lo habitual es cobrar la indemnización entre los 30 y 60 días posteriores al alta médica. Sin embargo, si a los 3 meses de efectuarse la reclamación de manera formal no se ha obtenido ninguna respuesta de la compañía o si se ha recibido una oferta motivada (propuesta de indemnización) con la que no se está conforme, existe la opción de acudir a la vía judicial a través de una demanda.

“Una de las problemáticas más comunes es la identificación del causante del accidente. Cuando hay una colisión entre 2 o más vehículos, es fundamental que exista un medio de prueba fehaciente de quién ocasionó el hecho: un parte amistoso (rellenado por los intervinientes) o un atestado policial. De no existir el documento que identifique al causante, la aseguradora podrá rehusar la reclamación por falta de pruebas”, asegura Carla Tonín, abogada especializada en accidentes de tráfico de Calculatuindemnizacion.

Por los anteriores motivos es importante contar con asistencia y asesoramiento legal específico, ya que la reclamación puede dilatarse en el tiempo o disminuir en cuantía. Tener a disposición dicha asistencia es algo que, en ocasiones, no sucede debido a que las propias aseguradoras realizan los trámites sin que los conductores sepan que pueden elegir un abogado especializado. En este contexto, la aseguradora de la otra parte intentará que el afectado acepte la indemnización para que no haya discusión.

“Un abogado especializado siempre sabrá cómo sortear cualquier inconveniente que pueda presentarse”, subraya Tonín. Por su parte, Gatius resalta la importancia de “preparar la defensa desde el inicio del caso, ya que es más complejo cuando ya está todo hecho”.

Cuando se recurre a la vía judicial, es el juez quien establece la compensación a recibir. Debido a los tiempos del caso, el plazo de pago de la indemnización puede verse afectado con un alargamiento. Las lesiones del afectado, si elige esta vía, pueden ser valoradas por un médico forense adscrito al juzgado o bien por un perito médico especialista en valoración del daño corporal de parte. Seguidamente, se celebrará el juicio. Tras la celebración, el magistrado deberá dictar la sentencia en el plazo de 20 días desde la finalización del juicio oral, aunque dicho plazo puede dilatarse en función de cada juzgado.

El plazo para reclamar la indemnización por vía judicial es de 1 año desde la fecha del accidente o estabilización de las lesiones, en función de si se opta por la vía penal o civil respectivamente. Dicho periodo de la prescripción de la indemnización puede interrumpirse, aunque lo más recomendable es no agotar ese plazo.