Los Letrados de la Administración de Justicia han comenzado este lunes una huelga indefinida que afecta directamente la gestión de juzgados y tribunales de todo el país. El conflicto laboral por mejoras salariales, bloqueará cuentas judiciales con un saldo medio de 4.500 millones de euros.

La huelga de los antiguos secretarios judiciales, impactará directamente en los ciudadanos, porque el parón paralizará pensiones alimenticias; pago a menores; retenciones de embargos; indemnizaciones; depósito de fianzas y responsabilidad civil; el abono de costas para la tramitación de recursos; o el traspaso de multas al Tesoro Público.

Estas son solo algunos de los procesos que no se realizarán por la huelga de los funcionarios del Ministerio de Justicia, unos 4.300 en toda España.

Los servicios mínimos garantizarán las actuaciones urgentes, pero quedarán fuera de esto  toda la tramitación de cualquier procedimiento judicial, también en la jurisdicción mercantil. Así como las conciliaciones y divorcios de mutuo acuerdo, la publicación de subastas; los juicios para el cobro de deudas.

durante el tiempo que dure la protesta tampoco se notificarán resoluciones, mientras que todas las vistas judiciales, donde el Letrado de la Administración de Justicia actúa como fedatario público se tendrán que reprogramar en los juzgados.

La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ han reprochado al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

Los convocantes pidieron la intervención de Pedro Sánchez, ante la "gestión insensible e irresponsable" del Ministerio dirigido por Pilar Llop. "Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico", instaron en un comunicado conjunto.

Los letrados en huelga advirtieron de que el trabajo de los 4.300 funcionarios de grupo A1, dependientes del Ministerio de Justicia, es "imprescindible", por lo que su ausencia provocaría "enormes perjuicios" en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.