Uno de los frentes abiertos que tiene el Gobierno es la huelga en la Administración de Justicia. Los letrados no llegaron ayer a un acuerdo con el ministerio y mantienen la huelga indefinida que protagonizan desde el pasado 24 de enero.

Por su parte, el Ejecutivo critica la actitud de los huelguistas mientras el conflicto laboral ha provocado ya la suspensión de más de 150.000 juicios y vistas.

Se mantiene en pie la huelga de letrados de la Administración de Justicia. No hay acuerdo con el Ministerio. Estas son algunas de las reivindicaciones: los trabajadores piden que se adecúe su salario, a las funciones que vienen desarrollando y que no son retribuidas desde 2009.

Esta situación ha provocado, según los convocantes, la suspensión hasta ahora de más de 150.000 procesos judiciales. Los ciudadanos son los principales perjudicados.

En los despachos de abogados también sufren las consecuencias. Respetan el derecho a huelga de los letrados judiciales, pero piden poder trabajar. 

"Toda la tramitación está paralizada, no se hacen entregas de dinero, se suspenden los juicios, no se pueden hacer requerimientos para hacer cumplir sentencias judiciales", comenta uno de los abogados que denuncian la situación. El conflicto que no parece tener una solución a corto plazo.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía, en representación de los Colegios de toda España, ha asegurado que ve "incomprensible" la "significativa ausencia de avances" en la reunión que tuvo lugar anoche --durante más de 15 horas-- entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga de los Letrados de la Administración (LAJ) y que terminó sin un acuerdo para poner fin a la huelga indefinida que comenzó el pasado 24 enero.

"Que después de 15 horas de reunión las posturas estén más lejos que cuando comenzó el diálogo es muy preocupante, ya que supone un paso atrás en la resolución de un conflicto que está perjudicando gravemente al funcionamiento de los juzgados y tribunales de toda España", ha señalado la abogacía en un comunicado emitido este viernes.

El Consejo General ha incidido en que el país no puede permitirse "los enormes perjuicios que la huelga está generando al paralizar o retrasar muy seriamente el normal funcionamiento del sistema judicial, que tutela y protege sus derechos y libertades". Según los cálculos que maneja el comité de huelga de los LAJ, desde que empezó el parón la actividad en los tribunales y juzgados se ha reducido un 60%, con 152.000 vistas suspendidas y 560 millones de euros que han quedado bloqueados.