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El precio del alquiler sigue disparado por encima del 8 por ciento de media a pesar de que por ley no pueden incrementarse más allá del 2 por ciento. La realidad del mercado es todo lo contrario. Las subidas aplicadas por los propietarios a sus arrendatarios es superior al 20 % en las grandes capitales como Barcelona (25,7 %), Alicante (23,4 %), Valencia (21 %) o Málaga, (20,2 %). También con fuertes incrementos está Madrid (11,2 %), Orense (16 %) o Palma de Mallorca (12 %).
Estas subidas en las capitales de provincia está llevando a muchos inquilinos a buscar mejores ofertas en municipios del extrarradio o, directamente en localidades más alejadas. Pero los problemas en estos núcleos urbanos son los mismos y los incrementos en el precio de los alquileres no baja del 10 porciento. Lo vemos en municipios como San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, donde la subida es del 13 %. En el sur, Fuenlabrada con un 12 %; Leganés, con 11 % o Parla, con 10 % demuestran que los precios de los alquileres están desbocados y sin control a pesar del tope establecido por ley en el 2 %.
Vemos los mismos problemas en los municipios que rodean otra gran capital como es Barcelona. Allí, las subidas aplicadas por los caseros a sus inquilinos son aún más altas. Un 18,7 % en Santa Coloma; 18 % en L´Hospitalet; 13,5 % en Cornellá o 12,3 % en Sant Boi.
Pero qué hay detrás de estas subidas tan elevadas. Los expertos consultados por El Programa de Ana Rosa aseguran que hay tres cuestiones que tensionan el mercado del alquiler a pesar de los intentos del Gobierno para controlarlo. La primera explicación hay que buscarla en la subida del Euríbor y el consecuente encarecimiento de las hipotecas. Esto está llevando a muchos ciudadanos a no endeudarse y buscar en el alquiler una forma de encontrar vivienda.
En segundo lugar, la prórroga del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales por la guerra de Ucrania no solo mantiene el límite de incremento de los alquileres en el 2 %, sino que también incluye la posibilidad de que arrendador y arrendatario firmen una subida superior si llegan a un acuerdo entre ambos. Con un mercado tan tensionado como el de los arrendamientos, los problemas para buscar una nueva vivienda está llevando a muchos inquilinos a aceptar las condiciones como si fuese un acuerdo.
Finalmente, nos encontramos con una práctica con base legal que consiste en rescindir el contrato de alquiler reclamando la vivienda para uno mismo o para un familiar del arrendador. Está práctica fraudulenta permite a los caseros sacar al mercado esta vivienda sin que finalmente se haya destinado a esta necesidad familiar.
Otra realidad que se esconde tras estos problemas del alquiler en España es que nuestro país no cuenta con un parque de vivienda social en alquiler, de titularidad pública, capaz de absorber las demandas surgidas de la crisis y que no satisface las necesidades de la población más vulnerable.
Según el informe 'Gestión híbrida de la vivienda social. Estudio comparado España-Holanda' del arquitecto e investigador de la Universidad de Sevilla Francisco Fernández la crisis económica que se inició en 2008 puso de manifiesto el "agotamiento" del modelo predominante de acceso a la vivienda en España, basado en la idea de producir vivienda libre en propiedad con objetivo de "alcanzar la máxima rentabilidad".
En relación al gasto que supone la promoción de vivienda pública para la Administración, el arquitecto ha señalado que un "importante peso" dentro de la inversión pública realizada en materia de vivienda "se dirige al parque privado, dados los beneficios fiscales a la compra" existentes en España, así como las ayudas directas a inquilinos para el alquiler, "generalmente orientadas al mercado privado".
Por ello, ha defendido que sería "necesario" plantear una redistribución de ese gasto a través de políticas de vivienda que permitan otorgar un mayor peso a la promoción de vivienda pública de alquiler social, que "la aleje del carácter residual que actualmente presenta".
"Un mayor peso de la vivienda social, a su vez, contribuiría a regular los precios del mercado de alquiler privado, a tenor de lo observado en países de entorno europeo", ha indicado Fernández.