La subida salarial adicional del 1,5% para los empleados públicos acordada entre el Gobierno y CCOO y UGT se materializará en las nóminas de noviembre, abonándose como atrasos el incremento correspondiente de enero a octubre.

En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales, el pago se tendrá que materializar "antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023", según establece el Real Decreto de eficiencia energética, donde el Gobierno ha incluido la subida salarial a los empleados públicos.

Este Real Decreto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, viene publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en él se establece que, excepcionalmente en 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación por el importe equivalente necesario para hacer efectivo el incremento retributivo al personal del sector público.

En el caso de que se tramiten en 2022 modificaciones de crédito consistentes en suplementos de créditos o créditos extraordinarios, podrá ser de aplicación el artículo 177.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto suplementos de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos.

Según consta en el Real Decreto de eficiencia energética, que entrará en vigor mañana con carácter general, el crédito extraordinario o suplemento de crédito aprobado para financiar la subida salarial adicional a los funcionarios podrá incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, debiendo ejecutarse el pago antes del 31 de marzo de 2023.

Con carácter excepcional, las entidades locales que no dispongan de recursos suficientes para financiar las modificaciones de crédito podrán formalizar un préstamo en la cuantía necesaria con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. El importe del citado préstamo no podrá exceder del 1,5% de las obligaciones reconocidas netas en el Capítulo 1 del estado de gastos según la liquidación del presupuesto de 2021. En estos supuestos, las entidades locales deberán ejecutar el pago antes de 31 de marzo de 2023.

Las condiciones de acceso a esta financiación, así como las condiciones financieras de dicha operación se aprobarán por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El incremento salarial del 1,5% acordado entre el Gobierno y los sindicatos se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año y tiene por objetivo aliviar el bolsillo de los empleados públicos ante la escalada de los precios. La consolidación de la subida en 2022 supone que se aplique sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021 y, por tanto, se aplicará con carácter retroactivo. En total, el salario de los empleados públicos se habrá incrementado un 3,5% 2022.

Las partes también pactaron que en 2023 las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal.

En concreto, los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%. La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.

En 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado. El Gobierno precisa que la revalorización puede ser del 9,8% si se hacen cálculos en términos reales. El motivo es que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida, por lo que el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior, explica Hacienda.

La mejora salarial beneficiará a 2.717.570 empleados al servicio de las Administraciones Publicas, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.