La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado en contra de las deflactaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF) que han llevado a cabo comunidades gobernadas por el PP como "Madrid o Andalucía", ya que beneficia a las rentas altas y no protege a los más vulnerables, y ha derivado al debate sobre el modelo de financiación autonómica la decisión sobre el Impuesto de Patrimonio.

Dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno, destacan las relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se sube a las rentas altas y se contempla elevar hasta 21.000 euros el beneficio fiscal que actualmente se aplica en las rentas de hasta 18.000 euros. Asimismo, las rentas del trabajo a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora) estarán exentas del pago del IRPF.

El nuevo "impuesto de solidaridad" para las grandes fortunas gravará durante dos ejercicios -2023 y 2024- los patrimonios de más de 3 millones de euros, lo que implica que afectará a unos 23.000 contribuyentes, un 0,1 % del total.

Este tributo será deducible en el impuesto de patrimonio, lo que implica que solo se pagará en la parte que no está gravada por las comunidades autónomas, es decir, que afectará fundamentalmente a los contribuyentes de regiones que aplican altas bonificaciones. El impuesto tendrá tres tramos -un tipo del 1,7 % para patrimonios de entre 3 y 5 millones; 2,1 % para patrimonios de entre 5 y 10 millones, y 3,5 % para patrimonios de más de 10 millones de euros- e incluirá una cláusula para revisar dentro de dos años si es necesario mantenerlo o se suprime.

El potencial recaudatorio de este impuesto es de 1.500 millones de euros, aunque de esta cantidad habría que deducir los pagos de los contribuyentes en sus comunidades autónomas, ya que actualmente solo Madrid lo bonifica en su totalidad.

Estas son las claves de las medidas del Gobierno

La propuesta del Gobierno supone extender la reducción por rendimientos del trabajo desde los 18.000 euros actuales hasta los 21.000 euros, lo que supondrá, según previsiones del Ejecutivo, que un trabajador sin familia que hoy gana 18.000 euros, se ahorrará 746 euros al año, esto es, un 40% al año.

Atendiendo a lo que ha comunicado el Ejecutivo, el “Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas” tendrá un carácter temporal aplicable a los ejercicios 2023 y 2024, resultando de aplicación a los patrimonios superiores de tres millones de euros, afectando a unos 23.000 contribuyentes, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a la forma de tributación, la Ministra ha adelantado que a los patrimonios de entre tres y cinco millones de euros les será de aplicación un tipo del 1,7%, a los de entre cinco y 10 millones un 2,1%, y a los de más de 10 millones, el 3,5%.

Por último, ha adelantado que, con el fin de evitar que se genere una doble imposición, se permitirá la deducción de la cuota que se abone el Impuesto sobre Patrimonio de la cuota de esta nueva figura.

Por tanto, en la práctica se cobrará fundamentalmente en aquellos territorios que están bonificando el gravamen autonómico del Impuesto sobre el Patrimonio.

Debemos tener en cuenta que el IRPF es un impuesto que tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares, por lo que, ante mismos salarios, si se tienen situaciones familiares distintas, la situación puede variar.

No obstante, atendiendo a los ejemplos y previsiones formuladas por el Gobierno, estas nuevas medidas supondrán en el caso de un trabajador sin familia que hoy gana 18.000 euros, un ahorro de 746 euros al año, esto es, un 40% al año.

Según el Gobierno ha anunciado, se aumenta el tipo impositivo en un punto porcentual para las rentas de capital (intereses, dividendos…) que sean superiores a 200.000 euros, pasando del 26% actual al 27%. Igualmente, para aquellas rentas de capital superiores a 300.000 euros, el tipo se elevará en dos puntos, hasta el 28%. En este punto hay que recordar que en 2021 ya se aumentó la tributación de las citadas rentas superiores a 200.000 euros de un 23% a un 26%.

En este caso, el mínimo de tributación a partir del cual se empieza a tributar empezará en los 15.000 euros, en lugar de los 14.000 euros actuales. Con ello, el Gobierno evita, además, que cualquier eventual subida del salario mínimo se vea afectada

Las medidas que ha anunciado el Gobierno no suponen una deflactación del IRPF, en contraposición con lo que sí han aprobado otras Comunidades Autónomas como Madrid, Andalucía o Valencia.

En el caso del IRPF, al ser un impuesto progresivo, a medida que aumentan nuestros ingresos más alto es el tipo impositivo que se aplica y, por ende, más impuesto se paga. Deflactar los tipos impositivos supone ajustar los tipos con el fin de eliminar el impacto que produce el cambio en los precios, de forma que, si no se hace nada al respecto, no se deflactan los tipos impositivos como actualmente ocurre con la escala del IRPF que aprueba el Gobierno, conlleva que los contribuyentes cada vez paguen más impuestos, ya que no se tiene en cuenta el incremento del coste de la vida.

Así, en la práctica, el efecto que produce la deflactación es que se ajustan los tipos para que no se produzca pérdida del poder adquisitivo por parte de los contribuyentes, ya que de lo contrario la presión fiscal aumenta.

Como ya hemos aludido en la primera y tercera pregunta, atendiendo a los ejemplos y previsiones formuladas por el Gobierno, estas nuevas medidas supondrán en el caso de un trabajador sin familia que hoy gana 18.000 euros, un ahorro de 746 euros al año, esto es, un 40% al año.