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Hasta ahora era como "una escopeta de feria". Así se ha referido el ministro José Luis Escrivá a la subida que cada año se aplicaba a las bases máximas de cotización a la Seguridad Social --las cotizaciones son el dinero que empresas y trabajadores aportan cada mes a pagar las pensiones--. No había una regla que determinara su ajuste y el Gobierno se ha propuesto crearla: si las pensiones suben un 8,6% para compensar la inflación, las bases máximas harán lo mismo.
"Siempre hemos sostenido que las bases máximas tienen que subir lo mismo que el IPC. Siempre lo hemos transmitido así. Lo que estamos haciendo es aportar predictibilidad", explicaba el titular de Seguridad Social este lunes durante la presentación de las cuentas de su ministerio para 2023.
Esto quiere decir que, a partir de enero, las empresas tendrán que aportar 100 euros más al mes por cada trabajador. ¿Todos? No, solo para los que ganan más de 50.000 euros al año, que son a los que se aplica la base máxima. El empleado, por su parte, contribuirá con 20 euros adicionales al mes a pagar las pensiones. "Las bases máximas tienen que subir al menos lo mismo que las pensiones", justificaba el ministro de la Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. "Aquí lo que falta es una regla y eso es lo que estamos tratando de corregir".
Es cierto que en los últimos años la actualización de la base máxima para calcular las cotizaciones más altas registraba incrementos algo erráticos y sin conexión con la inflación. En los años 2020 y 2021 estuvieron congeladas. "A veces se nos olvida a cuántos ingresos ha renunciado la Seguridad Social para proteger a las empresas", recordaba Escrivá cuando se le preguntaba por las críticas de los empresarios a la medida. Sin embargo, el incremento del 8,6% planteado para 2023 en los presupuestos es el más elevado en muchos años.
"Lo lógico es que busquemos todos la sostenibilidad. Eso quiere decir que ingresos y gastos tienen que subir al unísono. De lo contrario, estaríamos debilitando la Seguridad Social y eso generaría mayor déficit y más deuda pública. Creo que nadie quiere que sea así", defendía Escrivá. El sobrecoste de revalorizar las pensiones con el IPC previsto asciende a más de 12.000 millones de euros.
Se calcula que la subida aportará a las arcas de la Seguridad Social alrededor de 600 millones de euros adicionales. Organizaciones empresariales habían cifrado el sobrecoste en cuatro veces más. La medida, aunque ha generado mucho ruido mediático por la reacción de la patronal CEOE --que emitió un comunicado el pasado viernes tachándola de "inadmisible"-- no será el único sobrecoste.
A partir de 2023 se aplica un nuevo recargo llamado MEI (Mecanismo Equidad Intergeneracional). Empresas y trabajadores pagarán un 0,6% más de cotizaciones sociales (esto ya aplica a todos los niveles de salarios) para volver a llenar la llamada 'hucha de las pensiones' (0,5 puntos a cargo del empresario y 0,1 para el trabajador). El objetivo es conseguir estar más preparados para encarar la llegada de la jubilación del 'baby boom': el momento de mayor estrés para el sistema de pensiones. La patronal no estaba de acuerdo tampoco con ese mecanismo porque decía que no solucionaba el problema.
La cuestión es que la subida de las cotizaciones sociales (que en el fondo es como un impuesto al trabajo) coincide con un momento de desaceleración económica y de crisis energética. Las empresas están teniendo que soportar un aumento considerable del coste de materias primas. Pagar más por cotizaciones sociales añade más presión a sus cuentas, explican los empresarios.
Sin embargo, el Gobierno no está de acuerdo con esta línea de argumentación y siempre ha negado que España tuviera un problema de costes laborales demasiado elevados. Además, justo ahora, los datos indican que las empresas están trasladando a los precios de sus productos el encarecimiento de los costes, según Escrivá.
"Hay una traslación de precios generalizada y eso explica el nivel de la inflación subyacente", argumentaba el ministro. El IPC sin contar energía ni alimentos frescos sube un 6,2%. "Esto pone de manifiesto que lo que se está produciendo es un mantenimiento de márgenes en las empresas y una pérdida de poder adquisitivo de salarios". La última subida media en los convenios colectivos fue del 2,61% en septiembre.
Lo que no cuenta el Gobierno es que el reparto de las cotizaciones sociales en nuestro país diverge de la media europea. El reparto de cuánto paga cada uno, empresarios y trabajador, se inclina hacia el lado de los primeros.
Es verdad que España recauda menos que la media europea, pero el peso de las cotizaciones sociales en nuestro caso recae más en el lado de las empresas. Cuando en 2023 suban las bases máximas y se aplique el nuevo mecanismo para rellenar la 'hucha de las pensiones' habrá una de las partes que lo va a notar mucho más que la otra.