{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
150 veces, exactamente, aparece la palabra pensiones en el libro amarillo de los presupuestos generales del Estado, que este jueves inició su tramitación parlamentaria. Este es solo el primer dato de los que vamos a ofrecer a continuación para radiografiar la partida a la que se dedica el mayor gasto público y que se lleva seis de cada diez euros del incremento presupuestario previsto para el año que viene.
En España, 9.015.737 personas reciben una pensión contributiva, según las cifras de la Seguridad Social del pasado septiembre. El 49,2% son mujeres y el 50,8%, hombres. Haciendo la media con todos los beneficiarios del sistema, el perfil del pensionista sería el de una persona con una edad media de 71,6 años y que cobra una pensión de 1.205,34 euros al mes. Pero, como veremos más adelante, las diferencias en este gran colectivo, son enormes.
El sistema cuenta, además, con 928.000 pluripensionistas, personas que cobran más de una pensión. En total, la Seguridad Social abonó el mes pasado 9.949.869 pensiones y se gastó en hacerlo 10.867 millones.
Además, casi una cuarta parte de los pensionistas (cerca de 2,2 millones) recibe lo que se llama el complemento por mínimos: una cantidad complementaria, que se añade al importe de la pensión cuando no alcanza el mínimo fijado legalmente. Estas pensiones con complemento a mínimos son mucho más numerosas en el caso de las mujeres (1,46 millones) que en el de los hombres (734.000).
Del total de pensionistas, hasta 4,7 millones reciben una paga mensual que está por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Es decir, el 52% cobra menos de 1.000 euros.
El 42% tiene una nómina que está entre el SMI y la pensión máxima, que este año se ha situado en los 2.819 euros y que el que viene alcanzará los 3.000. Algo más de un 5%, recibe la máxima o una cantidad superior.
Si en vez de pensionistas contabilizamos pensiones, el porcentaje de las que están por debajo de los 1.000 euros asciende hasta el 60% del total. En el otro extremo, solo 74.791 tienen un importe superior al máximo.
Y si nos centramos solo en las pensiones de jubilación, el porcentaje de las que son inferiores al SMI se reduce hasta el 50%.
Con los últimos datos disponibles, la pensión media del sistema fue de 1.092 euros en septiembre y subió hasta los 1.257 en el caso de las de jubilación (que registran, además, fuertes variaciones dependiendo de si corresponden al régimen general o al de autónomos).
Además de las grandes diferencias por la situación de los beneficiarios (tipos de pensión, edad, cargas familiares…), las pensiones muestran también una enorme heterogeneidad en función de los territorios.
Así, ese porcentaje nacional del 52% de pensionistas que cobran menos de los 1.000 euros del SMI, se reduce hasta el 33% si hablamos del País Vasco y asciende hasta el 72% si miramos a Extremadura. En el otro lado, los pensionistas que reciben una pensión máxima o superior, suponen el 10% en Asturias y el 2,3%, de nuevo, en Extremadura.
La diversidad territorial se aprecia también en otros aspectos, como el aumento de los receptores de las pensiones. El dato general de la Seguridad Social señala, que el número de pensionistas ha crecido un 0,7% en el último año, casi un 11% si se compara con septiembre de 2012 y hasta un 19,4% respecto a la cifra de hace 15 años.
De nuevo, las diferencias: ese incremento desde 2007 supera el 45% en el caso de Canarias, asciende a un 33% si miramos a Madrid, se sitúa en el 6,9% en el caso de Castilla León y en el 3,4% en Asturias.
Todos esos pensionistas, tanto los que cobran por debajo del SMI como los que superan la pensión máxima, verán revalorizadas sus pensiones el año que viene. Sus pagas subirán un 8,5%, en línea con el aumento medio anual del IPC, tal y como exige la ley aprobada recientemente.
El aumento está muy por encima del que recogen los presupuestos para los funcionarios y diputados (3,5%), es más del doble del que se aplicará el Ejecutivo (4%), y supone, de hecho, sacar a los pensionistas del pacto de rentas que numerosos organismos (también el Gobierno) han reclamado para evitar una espiral inflacionista.
Para pagar tanto el aumento del 8,5% de esas pensiones, como las nóminas de los nuevos pensionistas que se incorporen al sistema el año que viene (cada vez con pagas con un importe mayor), los créditos para las pensiones no contributivas y asistenciales, y para volver a rellenar con casi 3.000 millones la hucha de la Seguridad Social tras 13 años sin aportar nada, el Estado gastará 190.687 millones de euros, 19.500 más que en 2022.
Los presupuestos, que destinarán así el 42% del total del gasto a las pensiones, recogen también una de las medidas comprometidas con Bruselas para garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro: el aumento de las bases máximas de cotización, que subirá un 8,6%, y que lleva asociado un destope gradual de las pensiones máximas.