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Salvando mucho las distancias con las fugas en los gasoductos del mar Báltico, al Gobierno se le ha abierto un boquete en la tubería de los impuestos. La culpa de todo la tiene patrimonio: Andalucía abrió la caja de Pandora al anunciar que suprimía este tributo a las grandes fortunas en su territorio. Ahí el Ejecutivo estaba unido: no procedía.
Pero ahora hemos entrado en fase deflactación y ha surgido la fuga: el socialista Ximo Puig se ha apuntado a la corriente del PP y ajustará el IRPF con la inflación en la Comunidad Valenciana.
Los ministros del Gobierno prefieren no entrar al cuerpo a cuerpo con los suyos. "Nadie responsable puede recomendar a nuestro país una bajada de impuestos a las grandes fortunas y menos en un contexto de guerra", decía la vicepresidenta económica Nadia Calviño este miércoles. Sobre la deflactación, la posición del Gobierno de Pedro Sánchez es que no es la medida adecuada porque favorece también a las rentas más altas. Por eso estudian bajar impuestos solo a las rentas bajas.
La deflactación supondría una nueva reducción generalizada y las cuentas del Ejecutivo central se complican a la hora de seguir en esta línea: hay medidas de apoyo a toda la ciudadanía para reducir el precio de la luz, del gas, de los carburantes...
"Señores del PP, de Vox y de Ciudadanos, ¿de dónde se creen que sale ese dinero público? ¿Para qué se creen que sirven los impuestos si no es para financiar nuestro estado de bienestar?", defendía la vicepresidenta económica en el Congreso. Los partidos de la oposición piden al Ejecutivo que profundice en esas rebajas fiscales para compensar a los ciudadanos por la pérdida de poder adquisitivo que general la inflación.
Es cierto que la recaudación tributaria va muy bien, en parte por la propia subida de los precios.
¿Cuál es el problema? Que buena parte de ese aumento de los ingresos ya está comprometido en ayudas o hace falta para subir las pensiones y las nóminas de los funcionarios.
Detrás de este comportamiento de la recaudación hay, básicamente, dos factores: recuperación económica e inflación. Esos 22.586 millones de euros es el "dinero de más" que está ingresando el Gobierno y que el PP defiende que se puede devolver a la ciudadanía. ¿Realmente nos sobran? La misma inflación que está elevando la recaudación también está generando un mayor gasto a futuro.
Habría que sumar el coste de las medidas para ayudar a las familias en esta crisis energética. Según los cálculos del Gobierno, las rebajas fiscales y las ayudas directas supondrán un coste aproximado de 15.000 millones de euros este año.
El Gobierno también ha tomado decisiones por el lado de los ingresos para hacer frente a la crisis, pero las cifras son mucho más modestas. En julio se anunció un impuesto extraordinario para el sector energético y los bancos con el que se podrían recaudar 1.500 millones al año (si es que finalmente salen adelante como están planteados estos dos tributos).
En los últimos días se ha confirmado que habrá un recargo a las grandes fortunas a partir de 2023 sin entrar en más detalles. Faltan por concretar otras medidas adicionales que irán en los presupuestos de 2023. Hacienda habla de "un paquete de medidas fiscales" en los próximos días.
Además, desde enero otros cambios tributarios han generado ingresos adicionales. Las cifras hasta el mes de julio son:
"Hemos utilizado medidas selectivas de bajadas de impuestos y generalizadas como es el IVA para poder aliviar los efectos de la inflación. No tenemos una posición ideológica en este sentido", defendía la vicepresidenta Calviño. "Pero sí estamos en contra de una carrera a la baja entre territorios en el ámbito de los impuestos porque eso nos termina perjudicando a todos".
Dos últimos datos que el Gobierno tiene en la cabeza: el déficit será del 5% este año, es decir seguimos gastando más de lo que ingresamos, y la deuda pública acabará 2022 en el 115%. No es la más elevada de la UE pero sí se sitúa en la franja alta.