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El pasado 17 de septiembre Pedro Sánchez exhibió unidad con todos los barones socialistas en Zaragoza. Allí reunió al Consejo Político Federal, se mostró orgulloso de tener un PSOE unido "en el momento en el que más necesita España al partido" y animó a los presidentes socialistas a salir a ganar las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Pero esa foto de la unidad de hace poco más de diez días se ha resquebrajado precisamente por la cercanía de los comicios que contaminan todo el debate político.
Sánchez y los presidentes autonómicos tienen necesidades diferentes, estrategias divergentes y eso provoca el choque en las políticas. Primero fue el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, cuestionando el guion marcado por Moncloa para sembrar dudas sobre la solvencia de Feijóo, ahora es el debate fiscal. La bajada del IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros anunciada por uno de los barones más poderosos, el valenciano Ximo Puig, es el ejemplo más claro de que en periodo electoral cada uno se mueve según sus intereses.
La deflactación del IRPF es una reclamación del PP de Feijóo desde hace semanas, rechazada continuamente por el Gobierno que ha basado su estrategia en la subida de impuestos a los ricos para hacer frente a la revolución fiscal planteada por las comunidades populares y contrastar dos modelos antagónicos. Puig entró este martes en esa carrera fiscal a la baja y abre la puerta a que otros barones sigan su estela. Javier Lambán, presidente de Aragón, no descarta tocar la fiscalidad si hay consenso entre los partidos que forman el cuatripartito.
Hay otros presidentes como el extremeño Guillermo Fernández Vara que ha advertido a las comunidades que están anunciando bajadas impositivas de que les esperará "con una sonrisa" cuando comiencen las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica y reclamen más dinero. No ha querido criticar abiertamente a Puig, -nadie lo hace ni en el Gobierno ni en el PSOE aunque su movimiento genera malestar-, y achaca la decisión de su colega valenciano a que hay gobiernos que tienen mayorías absolutas y otros "dependen de acuerdos con distintas fuerzas políticas".
Y esa es la clave. Hay comunidades donde los socialistas gobiernan en coalición como la valenciana y peligra el poder porque el PSOE está a la baja. El Partido Popular lleva días proclamando que maneja sondeos que le dan el Gobierno de la Comunidad y atribuye el anuncio de la bajada de impuestos de Puig al "pánico electoral".
En ese contexto, el presidente valenciano ha puesto toda la carne en el asador para amarrar votos en la amplia mayoría de la población, la clase media. No ha querido dejar al PP la bandera de que en los territorios conservadores toman medidas para evitar que la inflación castigue a la clase trabajadora y en los progresistas no hacen nada.
Puig presume de que su reforma beneficia al 97% de los valencianos mientras que la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía solo afectaba al 0,2% de los andaluces. Saca pecho además de que él sí mantiene patrimonio. "Hay que actuar e intentar dar respuesta a los problemas de la ciudadanía ayudando a quienes tienen más dificultad", dijo desde Italia un día después de la polémica. Tras las críticas veladas que ha recibido desde su partido sostiene que no quiere "polemizar con nadie" y reivindica que sus medidas no tienen nada que ver con el 'dumping fiscal' que practican otros territorios.
El presidente del Gobierno también se enfrenta a las urnas a finales de 2023 pero el escenario que tiene por delante es muy diferente al de las comunidades autónomas. Sánchez tiene varios condicionantes que determinan su estrategia de recaudación más allá del principio básico de que el Gobierno quiere justicia fiscal para que haya una mejor redistribución y los ricos contribuyan más al sostenimiento del estado del bienestar. Ese será el eje del paquete de medidas fiscales que en breve presentará el Ministerio de de Hacienda.
Para empezar, el reiterado compromiso de Sánchez de que las pensiones subirán según el IPC implica un gasto extra a principios de año de casi 14.000 millones euros teniendo en cuenta una subida de la inflación en torno al 8%. Otro desembolso importante es la subida del sueldo de los funcionarios que podría suponer un aumento de otros 5.000 millones.
A eso hay que añadir el gasto que implican todas las medidas para paliar la crisis energética, desde las ayudas directas a algunos sectores a la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible. Habrá además una menor recaudación tras la bajada del impuesto a la electricidad y del gas.
Otro de los argumentos del Gobierno es Europa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido coherencia a las comunidades autónomas que están bajando impuestos teniendo en cuenta que España está recibiendo 140.000 millones de fondos de la UE que pagan todos los europeos, en la mayoría de los casos con una mayor presión fiscal que en en nuestro país. Montero alerta de que no es coherente que los titulares de prensa que lleguen desde España sean de bajadas de impuestos.
Montero, al igual que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, tiran de otro mensaje. Sostienen que tanto el Banco Central Europeo, la OCDE, el FMI, los comisarios europeos y todos los organismos internacionales desaconsejan bajadas masivas de impuestos en un momento de una elevada inflación. Ponen como ejemplo las turbulencias que está sufriendo la libra esterlina tras las reducciones impositivas anunciadas por la nueva primera ministra británica, Liz Truss. Unas recetas "calcadas" a las del PP, ha denunciado Calviño, que llevan al Reino Unido "al desastre".