Esta es la historia de un impuesto que se recuperó en plena crisis financiera hace una década. Iba a ser una vuelta temporal. Sin embargo, parece que se ha quedado para siempre. Solo tienen que preocuparse por él los más ricos: el 1% de los contribuyentes. ¿Todos? No. Los madrileños, y ahora los andaluces, no tienen que pagar el Impuesto de Patrimonio (IP). El resto de comunidades autónomas lo mantiene, de momento, pero puede que tenga los días contados. Ni a los propios economistas les gusta cómo está diseñado este tributo en la actualidad.

El popular Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha decidido seguir los pasos de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso recibía la noticia en estos términos: "Andaluces: bienvenidos al paraíso", decía en su cuenta de Twitter. Ambas regiones presididas por el PP cumplen con el mantra del partido: bajar impuestos en cuanto se pueda.

Desde el punto de vista político es fácil vender una rebaja de impuestos, aunque afecte a una pequeñísima porción de ciudadanos y estos además sean los más ricos. Casi 19.000 andaluces dejarán de pagar una media de 5.300 euros al año por el impuesto de patrimonio. Para la hacienda andaluza no supone un gran agujero renunciar a los 93 millones de euros que genera al año. Suponen el 0,4% del total de los ingresos tributarios de la comunidad.

El movimiento de Moreno, tan aplaudido por su compañera madrileña de partido, guarda en parte relación con ella. Si Madrid no hubiera decidido que ningún rico pague este tributo en su región, muchos andaluces no habrían trasladado su residencia a la capital como ha ocurrido. La comunidad de Madrid ha ejercido ese poder: 6.000 ricos se mudaron allí tras la vuelta del impuesto de patrimonio en 2011, según un estudio.

Si se traslada una persona, también lo hace el resto de tributos que paga. Perder a un contribuyente rico no implica renunciar solo a lo que abonaría por patrimonio. Andalucía ha abierto de nuevo la carrera por tratar de recuperar a los que se fueron para pagar menos impuestos. ¿Será la última? "Es un impuesto con poco futuro. Vete a saber quién será la siguiente comunidad... Es como un castillo de naipes que terminará por cargarse el impuesto", opina Alejandro Esteller, Catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona.

Si finalmente desaparece, ¿alguien llorará su pérdida? No parece. El impuesto de patrimonio, tal cual está diseñado hoy en día en nuestro país, tampoco cuenta con muchos fans entre los economistas. Hay otras fórmulas más efectivas para mantener esa idea de que la riqueza tribute, explican. Una opción sería integrar patrimonio en el impuesto de la renta, como ya ocurre en otros países. No existe un único impuesto al patrimonio, sino varias posibilidades.

"El propio PP-A en su programa electoral hablaba de rebajar progresivamente el IP, no de su eliminación", recuerda Diego Martínez, profesor de economía de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla). "Pero es verdad que se trata de un impuesto mal diseñado y mal encajado en el sistema fiscal y las CCAA. Creo que merecía una reforma, no su eliminación de facto".

¿Mal diseñado? Esteller, uno de los mayores expertos del país en este impuesto, le encuentra fallos por todas partes. "Nosotros hemos realizado muchos estudios y uno lo deja muy claro: es defectuoso porque de cada 100 euros que se podrían recaudar, 40 terminan escapando. Es un mal impuesto en este sentido", según la investigación de Durán-Cabré, Mariona-Más y el propio Esteller centrada en el caso catalán.

Además de los efectos de evasión y elusión fiscal que genera el IP, y que las grandes fortunas saben aprovechar mejor que nadie porque están muy bien asesorados, el problema realmente son "las diferencias entre comunidades", señala Esteller. Por eso cree que no tiene mucho futuro tal cual está. El informe de los expertos para la reforma fiscal encargado por el Ejecutivo apuntaba hacia la armonización. La cuestión es en qué dirección armonizar. La actual ministra de Hacienda es partidaria de que exista un mínimo. De salir adelante esta idea, los ricos de Madrid y Andalucía ya no pagarían cero euros.

Pero con tanta crisis e imprevistos en lo que llevamos de legislatura, no hay reforma fiscal todavía a la vista.

El hecho de que esté mal diseñado no significa que sea un impuesto imposible. Hay argumentos para todos los gustos.

Este último argumento es el que defiende desde hace años el economista francés Thomas Piketty. Pero no hay que perder de vista tampoco que el principal objetivo de un IP no es la generación de ingresos. Aun aplicado a su máxima potencia en España sería un tributo poco relevante: alrededor del 0,5% de todos los ingresos públicos, calcula Esteller. Ahora no llega el 0,2%. Entonces, ¿por qué tanto interés político?

Hay política en estos dos visiones. De ahí, el ruido.