La Comisión Europea propone una intervención en el mercado eléctrico de la que abjuraba hace sólo unos meses. Recortará los ingresos de las energéticas para rebajar los altos precios de la electricidad, desatados desde la invasión de Ucrania. Una medida sin precedentes ante una crisis energética que ha impulsado la inflación hasta cotas no vistas en décadas. El Gobierno español se ha adelantado a Europa con el tope al precio del gas y el impuesto a las energéticas. Las propuestas de Bruselas son “diametralmente opuestas a las españolas”, según el PP, que rechaza el plan de Sánchez pero avala el de Bruselas. Ambos planes buscan que las energéticas contribuyan a aliviar el recibo de la luz. Ambos planes son temporales, tienen su fecha de caducidad no significa que no se puedan ampliar en función de las circunstancias. Estos son los parecidos y las diferencias.

El mercado mayorista de la electricidad fija los precios que al final se trasladan a los recibos de hogares e industrias. En el mercado mayorista, todo tipo de energía se paga al precio de la más cara, habitualmente el gas que se emplea en las centrales térmicas de ciclo combinado para generar electricidad.

Centrales eólicas y solares –cuya materia prima cuesta cero- o nucleares e hidráulicas –con instalaciones amortizadas hace años- cobran así los llamados “beneficios caídos del cielo”. Hasta ahora Europa siempre ha defendido que este mecanismo de fijación de precios incentivaba la inversión en renovables. Tanto España como Europa quieren reducir estos “beneficios caídos del cielo” rompiendo temporalmemte el sistema de formación de precios de la electricidad. España ya lo hace desde el 15 de junio

El Gobierno de Sánchez –con permiso de Bruselas- ha impuesto la llamada "excepción ibérica": un tope al precio con el que entra el gas en la subasta mayorista de electricidad. Ese es el precio que se aplica a todas las demás energías (renovables, nuclear, hidráulica, carbón, etc.). A las centrales de gas se les compensa luego el precio que realmente están pagando por la materia prima en el mercado.

La compensación sale de los recibos de la luz de todos aquellos consumidores que se benefician de una factura más barata gracias al tope del gas. Con esta reforma, el precio mayorista de la electricidad en España ha muy por debajo de lo que se paga en el resto de Europa. El Gobierno estima que se han ahorrado 2.300 millones en tres meses. En el mercado minorista, el recibo se ha encarecido por el récord de gas quemado este verano, pero aún así supone en torno a un 15% menos respeto al que habría llegado sin "la excepción ibérica". Este mecanismo de fijación de precios estará vigente hasta el 31 de mayo de 2023.

Las consecuencias deberían ser las mismas, pero el procedimiento difiere. Europa propone pagar a 180 euros por megavatio/hora (MW/h) la electricidad generada sin gas (renovables, nuclear, etc.). La que se produce con gas se pagaría a precios de mercado.

Al final, como en España, el gas se paga a precio de gas, pero se reducen los “beneficios caídos del cielo” que se llevaban las centrales generadoras de electricidad con materia prima diferente al gas. La Comisión estima que podrá recaudar 117.000 millones de euros con esta modificación del sistema de fijación de precios. Estará en vigor desde que se apruebe hasta el 31 de marzo de 2023

La propuesta de la Comisión Europea debe ser aprobada por mayoría por los ministros de Energía de la UE el próximo 30 de septiembre. Pueden realizar cambios antes de su entrada en vigor. La Comisión considera “necesario” que el tope sea el mismo en toda la UE para preservare el mercado interno.

El precio fijo que propone Bruselas, 180 euros MW/h, para la electricidad no generada con gas es superior al que se ha venido pagando en España desde la entrada en funcionamiento del tope del gas, unos 149 euros MW/h.

España puede adaptarse al mecanismo común o invocar de nuevo la escasa interconexión eléctrica de la península con el resto del continente, apenas un 3% de la electricidad generada. Fue esta pobre interconexión la que Sánchez invocó ante Bruselas para obtener la “excepción ibérica”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un impuesto para gravar a las energéticas (y los bancos) por los “beneficios extraordinarios” como consecuencia de la subida de precios. El impuesto será de 1,2% sobre los ingresos durante dos años de las compañías energéticas (eléctricas, petroleras, gasistas) que facturen más de 1.000 millones al año.

La Comisión Europea propone una tasa de “solidaridad” que grava, no los ingresos de las compañías, sino los beneficios que obtengan en 2022. En concreto, los países recaudarán un 33% los beneficios que superen en un 20% la media de los últimos tres años.

Además, Bruselas limita esta tasa a las empresas de combustibles fósiles, las petroleras, gasistas, de carbón y refinerías, no a todas las energéticas y eléctricas, como España. La Comisión espera unos ingresos de 25.000 millones de euros con esta tasa.

Una tercera diferencia –a la que se agarra el PP-: el gravamen de Bruselas es una tasa, tiene carácter finalista, debe dedicarse a aliviar la factura de hogares vulnerables y empresas muy castigadas por los altos precios de la energía. En España, Hacienda recauda un impuesto que no tiene por qué dedicar necesariamente a rebajar la factura eléctrica de hogares y empresas. 

No necesariamente, la Comisión dice que “los Estados miembros mantienen el derecho a introducir medidas más ambiciosas…en la limitación de los ingresos de los productores de electricidad” mientras cumplan con las leyes de la UE, no sean desproporcionados, ni distorsionen los mercados mayoristas de la electricidad ni pongan en riesgo inversiones.

Un día después de hacerse pública la propuesta de la Bruselas, la ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, ha insistido en que, cuando termine la discusión de la Comisión, en la que España también está participando, se ajustará el impuesto español a la figura que se decida en Bruselas.