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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha planteado a consumidores distribuidoras de alimentación que pacten una "cesta de la compra básica" con unos 20 o 30 productos con precios máximos establecidos entre los que se encontrarían el pan, la leche, los huevos o la fruta. El anuncio no cuenta con el apoyo de otros ministros como el de Agricultura, Luis Planas, aunque sí con el visto bueno Podemos, socio de gobierno en el Ejecutivo de coalición. Los economistas, por su parte creen que se trata de una "intervención del mercado" que provocará escasez de estos productos o, incluso, subida de precios camufladas.
Se trataría, según la vicepresidenta segunda en coordinación con el ministerio de Consumo, de Alberto Garzón, de fijar una serie de productos --entre 20 o 30-- que se garanticen a la ciudadanía. "No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia", ha explicado Díaz en declaraciones a los medios a su llegada al acto de bienvenida que ofrece el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, con motivo de su toma de posesión.
"Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal y sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía", ha explicado la vicepresidenta.
Según la vicepresidenta, la alimentación está siendo un enorme problema para el país hoy y no solo para la ciudadanía, sino también para los pequeños y medianos productores en nuestro país. Además, ha alertado de que los ciudadanos no solo están perdiendo poder adquisitivo, sino que también están sufriendo dificultades para mantener una alimentación sana.
Díaz ha recordado que ya se ha planteado un precio máximo a la bombona de butano porque se entendió que era un momento absolutamente excepcional. "Estamos en guerra, estamos por desgracia en una crisis y tenemos una inflación del 10, 4%", ha argumentado la ministra de Trabajo.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista a Europa Press, descartó imponer un impuesto al sector de la distribución, pero le pidió responsabilidad para que el alza de los precios sea "lo más limitada posible", al tiempo que consideró que fijar un precio mínimo en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco "deseable".
Sobre la posibilidad de un gravamen a la distribución, tal y como ha reclamado su socio de gobierno Unidas Podemos, Planas afirmó que los impuestos aplicados al sector financiero y energético "están llenos de lógica", si bien no es el caso de la distribución.
"No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también", señaló el ministro de Agricultura.
La propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz no ha recibido el apoyo de economistas como José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE quien considera que la medida es una "intervención del mercado" que terminará provocando "escasez y, a la larga una subida de precios encubierta".
También el economista Santiago Niño Becerra, a través de un hilo de Twitter ha criticado la propuesta incidiendo también en el fantasma de la escasez ya que algunos de estos productos intervenidos podrían "desviarse a la exportación".
Niño Becerra se hace eco de la opinión de un experto del mercado de la fruta que reclama a las autoridades que "antes de actuar deberían tenerse claros los costes en toda la cadena: desde el primer escalón con un productor que debe ganarse la vida dignamente, hasta el punto de venta".
Según estos expertos, la medida propuesta por Yolanda Díaz puede provocar también graves perjuicios a la parte más débil de la cadena como son los productores.